Pensión alimentaria, drama oculto(*)

Últimamente han trascendido a la opinión pública ciertas noticias sobre las pensiones alimentarias. Famosos y desconocidos han evidenciado públicamente sus problemas en relación con esta temática, pero como suele suceder, en los diversos medios la exposición de los hechos se queda corta o es distorsionada. Medios como Repretel, Telenoticias, Diario Extra, La Teja y algunos programas de radio han vertido informaciones que no permiten apreciar con suficiente claridad y, por lo tanto, suficiente conciencia, las historias; muchas veces tristes y hasta traumáticas, que se viven por la ley de pensiones alimentarias. Periodistas, comentaristas y funcionarios públicos han vertido su verbo al respecto de forma poco elegante, insensible y, en algunos casos, poco profesional e irrespetuosa, sobre las personas que sufren esa problemática. En cuanto a declaraciones de algunos funcionarios públicos, podemos recordar lo expresado por la defensora Silvia Solìs, respecto a un afectado que pretendía resolver su problema mediante un intento de suicidio, intentando saltar del tercer piso de los Tribunales de Justicia. Dicha profesional dijo que aquel “quiso hacerse la víctima”. Es decir; que a pesar del doble susto que se llevó el afectado, quien pudo haberse convertido en difunto si un funcionario judicial no lo hubiera convencido de desistir de su intento, dicha funcionaria solo pudo percibir “engaño” del hombre al pretender hacerse la “víctima.”
Una realidad ignorada. A la problemática, muy seria por cierto, de las pensiones alimentarias, todos debemos ponerle mayor atención, y hacer un esfuerzo para cambiar desde la ley hasta proveer soluciones reales. No se imaginan quiénes de entre las personas muy conocidas están afectadas por esta ley, pero es hora de conocer a ciencia cierta la realidad, que incluso se ignora en los juzgados.

En relación con la Ley 7576, de Pensiones Alimentarias, es inaudito que se haya admitido en la práctica judicial que se pretenda cobrar, en cualquier momento y con solo tres días de plazo, una cuota impuesta, muchas veces sin previa investigación de la verdad. Y es mucho más acelerado el cobro con posibilidad de prisión para el demandado, que un eventual rebajo de cuota alimentaria.

El Poder Ejecutivo se ha dignado perdonar a delincuentes; mayormente mujeres, mediante el indulto presidencial, concedido por el presidente Arias consecutivamente a mujeres en el día de las madres. Pero en el día del padre, y habiendo prisioneros por pensiones alimentarias, no se ha sabido de algo parecido, pese al derecho de igualdad constitucional
El Poder Judicial y la Fuerza Pública son duros, claros, efectivos y persistentes contra los deudores alimentarios, pero ha dejado en libertad a criminales, incluso flagrantes, pese a todo. Sin duda hay no pocos afectados por deudas alimentarias, unos en prisión y otros en gran suspenso cotidiano por ese mismo motivo, pese a estar en total imposibilidad de poder pagar dichas deudas. Han estado en prisión hasta indigentes crónicos.

Soluciones alternativas a la prisión. Hasta ahora el Estado no ha siquiera pensado qué es más económico y efectivo, si perseguir y encarcelar a los deudores alimentarios, o cambiar trabajo por alimentos, pese a lo que dice la Constitución. Política que, “nadie puede ser hecho prisionero por deudas”. Por otro lado, el abuso que muchas demandantes hacen de esta ley da al traste con su real propósito, cual es procurar alimentos a los que los necesitan, pues es muy frecuente que actoras usen esta ley para separarse del demandado, o rehabilitar o pretender rehabilitar a drogadictos y alcohólicos. A este respecto tanto La Teja como Diario Extra dieron a conocer casos en que se puede demostrar el mal manejo de esta ley y los recursos públicos. No hay duda que los menores deben ser apoyados en sus necesidades básicas, pero no solo eso, requieren apoyo en su formación y educación. No hay duda de la responsabilidad moral y natural de responder a nuestros hijos, pero hay que conocer a ciencia cierta la verdad real, las situaciones y pretensiones de las actoras y, sobre todo, ser efectivos en resolver las necesidades y el problema, no empeorarlo mediante la cárcel. Se podría crear un Bono Alimentario para los imposibilitados de pagar deuda, a cambio de trabajo social. Esto en no pocos casos sería hasta más económico para el Estado y menos traumático para las familias, en especial para los menores.

A los interesados o afectados por esta problemática se les invita a comunicarse para promover cambios al respecto, y para rescatar y consolidar el matrimonio y la familia. Están todos verdadera y sinceramente notificados.

*Gonzalo Corea, periodista; Héctor Pérez Córdova, psicólogo; Jorge Salazar S., abogado; Martín Castillo M., educador y misionero; Roberto Dávila, gestor. Movimiento Integral Masculino de Costa Rica (mimcr@hotmail.es)