Oro por cuentas de vidrio

Carlos Manuel Rodríguez (*)

Imagínese estimado lector que por un momento usted es el gobernante de nuestra bella Nación, y un empresario le indica que debajo del Teatro Nacional hay un valioso tesoro valorado en un billón de dólares. Que necesita un permiso del Estado y una declaratoria de interés y conveniencia nacional, porque tiene que demoler totalmente el Teatro para extraer el tesoro. Indica que no se preocupe, ya que él tiene la mejor tecnología del mundo para hacerlo y se compromete, una vez sacado el tesoro, a reconstruir el Teatro Nacional dejándolo exactamente igual al original. Este empresario le informa además que la legislación costarricense se lo permite, y que el Gobierno recibirá adicionalmente al pago de impuestos y buenas fuentes de empleo, además un 2% del valor de ese tesoro. Cuando usted le indica que el Teatro tiene valiosísimos frescos y pinturas de más de cien años de antigüedad, el empresario le dice que no se preocupe, que por cada obra de arte destruida, él se compromete a reponer cincuenta nuevas obras. Además le propone que va a arreglar la Avenida Segunda y la Plaza de la Cultura, ya que están muy feas y deterioradas. ¿Qué haría usted?
Pues bien, una similar decisión tomaron el señor Presidente y su Ministro de Ambiente y Energía al dar una concesión minera a la empresa Industrias Infinito, y declararla de interés nacional. En Crucitas de Cutris, Provincia de Alajuela, Cantón de San Carlos, existe un yacimiento de oro, valorado en un billón de dólares, según estimaciones de la empresa. Que para extraer ese oro se debe hacer un hueco de setenta metros de profundidad y de varias decenas de hectáreas de diámetro, destruyendo toda cobertura vegetal. Esta cobertura vegetal constituye principalmente bosques tropicales muy húmedos altamente amenazados, y hogar de gran biodiversidad de especies de planta y animales amenazadas. De acuerdo con la legislación nacional, se cobrará un derecho de acceso al recurso de un 2% del valor total del oro valorado en un billón de dólares, y se pagaran impuestos normales y corrientes. También contribuirá como oferta de empleo a una zona abandonada por la mano social del Estado.

Varios recursos de amparo se han presentado ante los actos administrativos del Estado y el señor Ministro explica que se han cumplido con todos los procedimientos legales. A lo cual como Ex Ministro de este ramo, le doy toda la razón. No tengo duda que el Gobierno ha cumplido con todos los procedimientos de nuestra legislación. Por lo tanto este no es un tema de legalidad, sino un tema de conveniencia, oportunidad e interés nacional. Tema en el que el Ministro y el Gobierno fallan profundamente y muestran poco entendimiento y liderazgo, ya que en resguardo de nuestro interés nacional no debemos continuar dando concesiones mineras y regalando el oro de la Nación, a cambio de un 2% del valor de este recurso, cuando cualquier Nación desarrollada del mundo cobra un 30%. No podemos permitir la destrucción de nuestros bosques a cambio de beneficios, que no demuestren fehacientemente un verdadero beneficio nacional, más allá del simple pago de impuestos y fuentes de empleo. Además de regalar el oro, aquí estamos socializando el costo ambiental, ya que ninguna empresa puede reponer la calidad y cantidad de los servicios ambientales dados por los ecosistemas tropicales, a menos, por supuesto, que contratemos al Creador para que haga esa tarea.

El señor Ministro argumenta que los grandes países de alta calificación ambiental como Suiza, Noruega, Suecia y Finlandia, tienen muchas minas a cielo abierto y que, por lo tanto, Costa Rica puede hacer lo mismo. Pero lo que el señor Ministro ignora o calla es que en esos países una concesión minera cuesta altísimos sumas de dinero (no un 2%), sus entandares e institucionalidad ambiental son muy superiores a los nuestros, y sus recursos financieros, tecnológicos y humanos para el seguimiento, monitoreo y verificación de obligaciones son muchas veces mas altos y mejores.

En la Administración Pacheco declaramos una moratoria a la minería metálica de cielo abierto por tres razones, y justificamos que hasta que estas razones no cambien, y no han cambiado a la fecha, no se debería promover la minería, en resguardo del interés de la Nación. Estas razones fueron: uno, los beneficios económicos establecidos por la legislación minera son mínimos para el país. Dos, la capacidades de la Dirección de Geología y Minas para la verificación, monitoreo y evaluación son extremamente limitadas. Y tres, la experiencia de las industrias mineras para desarrollar proyectos en ambientes y ecosistemas tropicales son insuficientes y malas.

El gobierno derogó la moratoria justificando que con la publicación de unas salvaguardas estábamos protegidos. Como ex ministro del Minae con mas de diez años de haber trabajado en esa noble institución en diferentes posiciones, conozco perfectamente las capacidades institucionales, y puedo afirmar que el Ministerio NO tiene la condiciones para garantizarnos a los costarricenses que éste será un proyecto diferentes a todos los anteriores. La misma legislación que el Ministro argumenta como fundamento de una buena decisión es la misma que no paró el desastre en las minas de Macacona, Beta Vargas y recientemente en Bellavista.

Algunos, en nuestra escala de valores, consideramos a nuestros bosques tropicales y su biodiversidad así como la gente que vive en ellos, tan importantes como a nuestro Teatro Nacional. Ésta es la tarea que el INBIO ha desarrollado magníficamente a través del tiempo. Por ello no creo que buenos costarricenses permitan la destrucción de nuestro Teatro Nacional bajo ninguna justificación. Aunque aún hay costarricenses que 500 años después de la conquista siguen regalando el oro de la Nación a cambio de unos espejitos y cuentas de vidrio.

* Ex Ministro de Ambiente y Energía (cmrodriguez@conservation.org)