Los personeros del gobierno y en particular los conductores de la política económica, se han dedicado a prevenirnos a todos sobre los peligros eminentes que pesan sobre el pueblo de Costa Rica, el que será, sin duda alguna, víctima de las tormentas económicas y sociales que se avecinan, provocadas por ese huracán que nos depara el mundo capitalista desarrollado y la globalización neoliberal.
Hacemos hincapié en que los males sociales no ocurren por azar; son el resultado de determinadas acciones u omisiones impulsadas por los gestores de la economía mundial y local. La responsabilidad de nuestros políticos y gobernantes es enorme. Atados a los grandes intereses transnacionales, no han dudado en seguir adelante con las recetas económicas dictadas por los organismos financieros desde comienzos de los años 80. Para que nadie piense que estamos sacando un conejo del sombrero, recuerdo cómo pusimos el dedo en la llaga en un pequeño librito escrito en 1985. Dedicado al examen de la deuda externa de Costa Rica, alertamos sobre las consecuencias que nos deparaban el sometimiento a las Cartas de Intenciones con el FMI y a los Programas de Ajuste Estructural impuestos por el Banco Mundial. Así se iniciaba el proyecto neoliberal en Costa Rica.
Jamás pensaron nuestros gobernantes en la importancia de fortalecer el mercado interno y defenderlo, de colocar en el primer lugar a los agricultores y productores de alimentos, de consolidar un sector estratégico de la economía fundado en la propiedad estatal, de impulsar la propiedad y la producción cooperativa, o el desarrollo de las inversiones públicas que fueran ulteriormente compartidas por un sector dinámico y nacionalista del empresariado local. Todas estas propuestas, fueron estigmatizadas por los neoliberales como delirios "conservadores y estatizantes", contrapuesto al ímpetu "bienhechor y progresista" de la globalización.
Lo que sobrevino a partir de ese momento -que tiene al primer gobierno de los Arias como su esencial y principal punto de partida-, fueron los reiterados intentos por desmantelar y privatizar el Estado de Servicio Público. Con la nueva oligarquía a la cabeza, se produjo un giro de 180° en la política económica del Estado con la famosa propuesta, aplicada rajatabla, de la llamada "promoción de las exportaciones". Luego ingresaron en tropel las corporaciones trasnacionales, con una ley de zonas francas completamente adicta a sus intereses y un gobierno de rodillas ante sus imposiciones. Ninguna previsión fue tomada. Ninguna prevención se puso en marcha. Luego se abrieron la cuenta de capitales y el negocio bancario y florecieron los grupos financieros, para los que no hubo supervisiones ni controles. Fue así como se produjo una auténtica privatización de la política financiera del estado.
Es por eso por lo que la presente crisis mundial nos toma completamente desprevenidos e indefensos. Aunque hubiera sido imposible conocer con precisión lo que ocurriría, o bien prever en detalle sus consecuencias, el país se hubiera encontrado mucho mejor preparado que ahora sí se hubiera ejecutado una política patriótica y previsora. Pero las autoridades económicas, que han sido las mismas durante los últimos 20 años, sólo han tenido como proyecto el desmantelamiento económico de la economía nacional, para abrirla y articularla a esas fuerzas internacionales sometidas ciegamente a las premisas de libre mercado. Lejos de atenuar la catástrofe, no han hecho más que estimularla y colocar en estado de indefensión al pueblo costarricense. Son corresponsables, pero son impunes.
Hace aproximadamente 10 años fue cerrado el Banco Anglo Costarricense, propiedad del estado. Como lo expresara con claridad y lucidez el economista Rufino Gil Pacheco, no era necesario cerrarlo. Fue clausurado, fundamentalmente, para tapar cosas. Algunos personeros fueron a la cárcel por el manejo impropio de sobregiros o inusitados riesgos en el manejo de ciertos instrumentos financieros. El asunto aún se debate. Pero ¿Qué ha ocurrido ahora? Podemos asegurar que cosas muchísimo más graves que aquellas. Se han perdido millones y en apariencia, nadie responsable. ¿Qué ha pasado con las pérdidas del Banco Popular? ¿Cómo se han manejado y a dónde se han depositado los fondos de pensiones? ¿Cuáles han sido las relaciones de los sectores financieros y bancarios con las instituciones quebradas en los Estados Unidos? ¿Cómo han sido manejadas y depositadas en qué bancos o respaldadas con cuáles papeles, las reservas nacionales? ¿Por qué ha sido necesario recapitalizar a los bancos y qué se ha hecho el dinero que prestaron? ¿Por qué los bancos les han aumentado, sin el menor escrúpulo, los intereses a los dueños de viviendas o a los inversionistas locales? ¿Quién ha salido en defensa de los deudores nacionales, a cuánto ascienden sus deudas y cuanto más recuperan los bancos con el aumento de los intereses? Hay responsables, pero son impunes.
Nada de esto se dijo ni se planteó en la Asamblea Legislativa, ni aparece tampoco en la ley de recapitalización bancaria. Sin embargo, seguimos desunidos. Las fuerzas del movimiento patriótico marchan en desorden hacia una posible debacle electoral en el 2010. En apariencia, en esta desgraciada desunión hay responsables, pero también son impunes.
Leído en la calle, frente a la casa de Arias, 22, 12, 08, 8 p.m.
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