•Abel Jiménez, Presidente de la Judicatura:

Peligrosa injerencia político partidaria en la Corte

Jorge Araya Esquivel

Es innegociable un aumento de sueldo tan desproporcionado como el que se aprobaron los magistrados de la Corte Suprema, quienes muestran una “desubicación” respecto a la coyuntura social y económica que vive el país, afirmó Abel Jiménez, presidente de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), que agrupa a los jueces y juezas de la Nación.

¿Cuál es la posición de ustedes ahora que la Corte Plena decidió suspender el aumento salarial que había aprobado para sí y otros miembros de la jerarquía judicial, y enviar el asunto a análisis de la Contraloría General de la República (CGR)?
– Vamos a ver qué va a opinar la CGR, pero independientemente del tema legal creemos que la Corte debe ubicarse políticamente. Un aumento de este tipo es innegociable para nosotros. No se puede dar un aumento tan desproporcionado en este momento en el país. No podemos concordar con una desubicación política de la Corte, en relación con la coyuntura social y económica de nuestro país.

Esa desubicación es parte de la verticalidad que tiene la Corte, cuando no hay forma de ver un escenario diferente, y el que está en la cúspide cree que los demás nada más deben decir sí. Pero ya las cosas han cambiado mucho en nuestro país, donde todos tenemos derecho a cuestionar, y hasta los jueces somos cuestionados, lo cual es parte de un cambio social. Al juez se le critica por qué dejó libre a fulano o sutano, y si al juez se le cuestiona, ¿por qué al magistrado no?
¿Cómo valoran ustedes que la Corte suspendiera el aumento acordado?
– El hecho de haber suspendido el incremento y trasladarlo a la CGR nos da la razón sobre lo importante que era consultar ese aumento privilegiado para 46 personas. Nosotros seguimos insistiendo que ese aumento tiene muchos cuestionamientos de legalidad. La ley de enriquecimiento ilícito, artículo 48, prohíbe hacer aumentos a los funcionarios públicos en los cuales se beneficie a un grupo pequeño, y lo hecho precisamente se subsume en esa norma.

Pero además nosotros no podemos entender cómo se podría recomendar aumentos de hasta un 70% cuando en el país se habla de crisis económica.

Un magistrado gana en este momento ¢3,5 millones más o menos, y con ese aumento, que pensaban aplicarlo a partir del 12 de setiembre, un magistrado llegaba a ganar ¢4,6 millones.

Nuestra organización ha insistido en que, o hay aumento para todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, en forma proporcional, de acuerdo con las circunstancias del país, o no hay aumento para nadie.

El paso dado es un triunfo de nuestra organización. Los jueces y las juezas nos hicimos oír, la Corte acogió nuestra solicitud y la remitió a la CGR.

Pasaron acontecimientos muy difíciles, como fue el hecho de que, cuando fuimos a entregar la carta (con la petición) a la Corte, nunca nos había pasado que nos invitaran a salir de un piso de la institución: fueron momentos muy angustiantes, pero el fruto se ha dado.

Consideramos que ahora sí podemos dar un paso para dialogar, y buscar un análisis de diferentes temas que están en el tapete.

¿Como la evaluación del desempeño de los jueces que está proponiendo la Corte?
– Ahora se insiste mucho con la evaluación del desempeño, en la cual nosotros los jueces estamos de acuerdo, pero en lo que hay que tener cuidado es en quién evalúa.

La comisión de evaluación, que preside don Rolando Vega, tiene nueve administrativos. Hay un representante de nuestra organización, pero ya lo retiramos, porque en esa forma no se puede establecer esa comisión. Hay jueces de enorme experiencia, con muchos años de ejercicio, y hasta un consejo de la judicatura, que pueden abocarse a hacer las evaluaciones.

Es falso lo indicado por el magistrado Vega que nosotros no queremos ser evaluados; sí queremos, pero no por esa comisión. No queremos ser evaluados por el sector con el que hemos tenido un roce muy fuerte, pues es de sentido común que ahora quieran cobrar facturas.

¿Hubo presiones de parte de la Corte por las protestas que realizaron los jueces contra el aumento de los magistrados y la decisión de no investigar al magistrado Federico Sosto?
– Sí mucho. En el comunicado de prensa que distribuimos hicimos ver que uno de los aspectos que más nos preocupó fue la resistencia de la Corte y la manifestación de la verticalidad de la institución. Una manifestación clara de la verticalidad de la institución fue hablar de “puertas abiertas” al diálogo, mientras se rechazaban todas nuestras gestiones.

Al ir a entregar el recurso de revocatoria sobre el caso del magistrado Sosto y no dejarnos ni entrar a Corte Plena, vimos una representación de esa verticalidad. Y es algo que vamos a trabajar si llegamos a dialogar con la Corte, que haya muestras de que efectivamente la Corte marcha por un camino diferente. Va a costar mucho, porque son muchos años de tener esa forma de resolver las cosas, pero ya hicimos camino en cosas que pensábamos que no podíamos hacer.

Cuando se hable con los operadores de justicia y se tomen en cuenta sus opiniones y las decisiones no sean por imposición, las cosas van a cambiar y sobre este paso vamos a insistir.

¿Cómo reaccionaron otros sectores ante sus protestas?
– Las muestras de apoyo de las organizaciones sociales fue muy importante, de la comunidad en general, de personas que no conocíamos. Se dieron situaciones muy particulares, como una señora que llegó a mi oficina a darme la bendición y a expresar solidaridad.

El pueblo está muy cansado de ver abusos y privilegios, de ver ese tipo de decisiones donde se protegen entre ellos; que los magistrados no inician una investigación en el caso de Sosto; que se aumentan el salario solo para ellos mismos
Lamentablemente, las organizaciones del Poder Judicial no apoyaron, salvo la Anic (Asociación de Investigadores de Criminalística, del OIJ), que dijeron que se unían a nuestra lucha. Fue una batalla en la que les hemos explicado a los trabajadores del Poder Judicial que la lucha no es solo por nosotros, sino que es por ellos también, y ha sido un orgullo haber tomado la batuta.

Los jueces y juezas están muy contentos con nuestra organización, que es nuestro instrumento de lucha, porque era muy triste el tiempo en que el juez hablaba solo.

¿Hay temor a represalias entre los empleados judiciales?
– Sí, siempre ha habido temor, porque la verticalidad tiene una consecuencia directa y es la reprimenda.

Cuando se considera que se está en desacuerdo con la cúpula, pues la cúpula sanciona. Eso lo vimos hace casi diez años, cuando jueces del tribunal superior de Alajuela decidieron leer la sentencia a Ricardo Alem. La Sala Constitucional les había dicho que no lo hicieran, pero ellos lo hicieron, porque interpretaron la norma y dijeron “vamos a leerla”. Bueno, les revocaron el nombramiento a los tres jueces que condenaron a Ricardo Alem la primera vez.

Una de las demandas de ustedes era que la Corte Plena revocara su decisión de no investigar al magistrado suplente Federico Sosto, denunciado por haber dado asesoría legal al Poder Ejecutivo siendo magistrado. La Corte rechazó el pedido, pero Sosto renunció ¿eso les satisface?
– Nos parecía que la imagen del Poder Judicial se estaba dañando terriblemente al permanecer él como magistrado. Su renuncia es un triunfo, pero al no abrirse una investigación nos quedó un sinnúmero de dudas, que la renuncia no disipó.

Consideramos que fue una enorme equivocación del grupo mayoritario de magistrados al decidir no investigar. Ellos sabrán por qué se mantuvieron hasta el final en esa posición, y hasta utilizaron argumentos no válidos, de que la Asociación no tiene legitimación para pedir la revocatoria a la decisión de archivar las denuncias.

Cuando vimos las declaraciones del magistrado Sosto, diciendo que había dado una asesoría al Poder Ejecutivo, creímos y seguimos creyendo que era de sentido común iniciar una investigación para ver qué había pasado. Porque todos sabíamos aquí en la Corte que él estaba nombrado magistrado en una plaza vacante, que era la de don Luis Fernando Solano, quien se había jubilado.

Lo que tenía que hacer, cuando pasaron los tres meses de nombramiento, era cerrar su oficina y dedicarse a la magistratura y, si no quería, pues no debía aceptar el nombramiento. Si él fue a dar asesoría legal gratuita, pues hay infracciones a la ley orgánica del Poder Judicial
La gran sorpresa es cuando la Corte Plena dice que no lo vamos a investigar. Eso nos indignó. A muchos funcionarios, cuando han dado algún tipo de asesorías les han revocado el nombramiento o los han suspendido, lo cual está bien hecho, pues uno sabe que si está aquí, no puede brindar asesoría legal.

La percepción que tuvimos es que se estaba violentando la independencia judicial, y se estaba dando una injerencia político partidaria, que era peligrosa para la institución.

Nuestra organización tiene como razón de ser defender la independencia y evitar la injerencia político partidaria en la institución. Nuestra reacción natural fue pedir la revocatoria de ese acuerdo de no investigar y que, por la misma transparencia e independencia del Poder Judicial, se iniciara una investigación, que debió haber incluido la forma cómo Sosto fue nombrado (magistrado suplente durante más de tres meses).

(…)
No creer en la justicia puede provocar un cisma de enormes connotaciones en el país, porque cuando dudamos de lo que nuestros jueces hagan es decir ‘apague y vámonos’, es una situación muy peligrosa.

Es apremiante un cambio, y nosotros vamos a seguir insistiendo, sabemos que a veces es nadar contra corriente, pero hay que seguir adelante.