COMISIÓN NACIONAL DE ENLACE

Comunicado político Nº 6 / 2008

LAS MENTIRAS DE OSCAR ARIAS Y LA NACIÓN S.A .: LA APOLOGÍA DEL CINISMO

 

Desde la Comisión Nacional de Enlace, en la pasada Cumbre Social, celebrada en el Teatro Melico Salazar, el 14 de abril del 2005 habíamos advertido sobre la gravedad de la situación que atravesaba Costa Rica. En esa oportunidad manifestamos que la Sala IV había dado un golpe de Estado técnico, al modificar por su cuenta la Constitución Política de Costa Rica para así permitir la reelección presidencial y hacer posible que Oscar Arias fuera candidato, favorecido por la estructura bipartidista neoliberal conformada por las cúpulas corruptas y decadentes del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Social Cristiano (PUSC). Igual condenamos ese temerario y delictivo golpe de Estado dado por la Sala IV del Poder Judicial – como bien lo calificó el expresidente Monge-, que permitió revertir un anterior pronunciamiento negativo de esa misma entidad y también advertimos sobre  lo ilegítimo de un eventual gobierno de los hermanos  Arias Sánchez.

 

Manifestamos también que era lamentable, irresponsable e indigno que un Premio Nóbel de la Paz , como Oscar Arias, estuviera dividiendo y polarizando la sociedad de Costa Rica,  llevándola a un enfrentamiento social por su obcecado apoyo al Tratado de Libre Comercio con EEUU, basándose en argumentos mentirosos y corruptos.

 

En ese momento, el periódico La Nación -vocero oficial del aparato oligárquico de este país y de las empresas trasnacionales-, en conjunto con sectores empresariales, instrumentaron un cerrado ataque mediático contra la Comisión Nacional de Enlace  y contra los participantes en la Cumbre Social por haber denunciado dicho golpe de Estado, utilizando exagerados calificativos que daban a entender que los participantes en este evento eran grupos y personas que  atentaban contra la institucionalidad democrática del país.  La Nación en ningún momento denunció esa maniobra ilegal; todo lo contrario, lanzó una feroz campaña contra todos aquellos que denunciaron ese mecanismo espurio. Por eso resulta incompresible ahora  la actitud  de  La Nación  en el sentido de querer aleccionarnos sobre lo que es y lo que no es legal o constitucional y ahora ella misma se presenta como víctima al ser atacada con el argumento de atentar contra la institucionalidad, curiosamente el mismo esgrimido contra la Comisión Nacional años atrás.

 

Pero, para verdades el tiempo. El proceso del Referéndum puso en evidencia la decadencia de la cúpula política gobernante  y de sus asociados del G38 y puso de manifiesto cómo Oscar Arias,- al igual que lo hizo Miguel Ángel Rodríguez con el "combo del ICE"-,  le apostó de manera errónea a un solo un eje estratégico:  el Tratado de Libre Comercio,  como única  fuente de bonanza y de crecimiento para los costarricenses, para venir sólo pocos meses después, a hablarnos de que se avecinaba una época de "vacas flacas" y  un período de gran incertidumbre para el país.

 

Ganaron ese Referéndum mintiendo y amedrentando a la población con las prácticas recomendadas en el Memorándum Casas-Sánchez e inyectando enormes sumas de dinero de procedencia oscura. Si Oscar Arias mintió en todo lo relacionado con las bondades del TLC, nos preguntamos por qué La Nación junto con otros medios de comunicación no lo denunció en ese momento como correspondía hacerlo,  o al menos hubieran propiciado  un debate imparcial para exponer los distintos puntos de vista en torno al TLC. La respuesta es que no podían hacerlo, porque en ese momento las incontables mentiras de Oscar Arias favorecían los intereses de las cúpulas oligárquicas que la Nación  y otros medios representan y su interés primordial siempre fue que se abrieran sin restricciones los negocios del INS, del ICE, de la CCSS y otros que se derivan de la agenda de implementación. Para lograr ese objetivo utilizaron el cascarón del PLN con Oscar Arias al frente, a sus acólitos neoliberales y al grupo de diputados traidores agrupados alrededor del G39.

 

Prueba de las mentiras de Oscar Arias y su séquito, entre ellos su hermano Rodrigo Arias, es la crisis económica de los Estados Unidos, cada día más evidente y profunda. La quiebra de instituciones financieras y fondos de inversión de todo tipo está haciendo crujir el "modelo de libre mercado" y del capitalismo como sistema. A sabiendas de todo esto -porque no empezó ayer y La Nación también lo conocía-, los hermanos Arias prometieron la seca y la meca a los costarricenses, con argumentos perversos, corruptos y mentirosos apoyados por ese periódico y otros medios.

 

Todo resultó un fiasco, un engaño, y eso que sólo vemos la punta del iceberg ya que  la crisis no ha golpeado como tiene que golpear. Lo peor está por venir. Tanto Oscar Arias como La Nación S.A. engañaron al pueblo de Costa Rica cuando nos prometieron el oro y el moro si se aprobaba el TLC con EEUU, país que tiene a  importantes  empresas en quiebra o al borde del colapso. De qué se queja ahora ese matutino, si la constante de su actividad periodística  ha sido la manipulación y el engaño cuando esto favorece  sus intereses.  ¿O no es manipulación y corrupción cuando se engaña abiertamente  a un pueblo a sabiendas que la bonanza y bienestar económico no venían con el TLC? ¿O no es perverso y macabro trabajar en función de un sólo sector económico, en este caso las empresas transnacionales y los sectores oligárquicos criollos que son en última instancia los que sacarán provecho de ese TLC ?

 

¿Dijo algo el periódico La Nación cuando la Sala IV avaló constitucionalmente el TLC existiendo sendos dictámenes de prestigiosos juristas universitarios que demostraban que ese Tratado era inconstitucional? Por supuesto que no, avaló esa decisión plegadiza de la Sala IV porque le convenía a sus intereses. Lo que sí hizo La Nación S.A. fue desplegar, una vez más, otro obcecado ataque contra la Comisión Nacional de Enlace cuando denunció esos hechos y otros concernientes al  complaciente Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), denunciado como parte de una institucionalidad secuestrada.

 

A raíz de los hechos recientes, donde La Nación ha cuestionado y denunciado el secretismo con el cual se gestionó el asunto de los bonos chinos hay quienes pudieran pensar que existen fisuras en las estructuras oligárquicas. Hay que ser cauteloso con esa apreciación. Pudiera ser más bien que existan contradicciones entre esas estructuras y los hermanos  Arias Sánchez, pero no en la estructura oligárquica. Al igual que en su momento le avalaron y favorecieron la  presidencia de la República , igualmente los pueden quitar del camino –o aislar-, si no convienen a sus intereses las decisiones del dúo; además están jugando otras variables; una de ellas es el cobro de las  facturas políticas.

 

La ruptura con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China Popular, -de buen suceso para Costa Rica-, es una factura política que Oscar Arias todavía no ha terminado de pagar. Sus declaraciones a favor de Rusia en relación con el ataque criminal de Georgia contra Osetia del Sur y otras relacionadas con Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y también sobre el ALBA y PETROCARIBE están siendo vigiladas muy de cerca por los responsables de la política exterior norteamericana.  En este caso se están moviendo todos los intereses políticos que resultan de decisiones y opiniones de esa envergadura. Apreciar por esto que existen grietas a lo interno de las estructuras oligárquicas podría ser una conclusión equivocada por  cuanto lo que sobresale puede obedecer a otras causas.

 

Los hermanos Arias sabían claramente que no habría bienestar por cuanto la crisis financiera que tiene su centro en EEUU se estaba profundizando y sabían que lo peor está aún por venir. En el marco de esta crisis, instituciones emblemáticas como el INS, el ICE y la CCSS , expuestas al "mercado"  se verán sumamente golpeadas y es indiscutible que habrá despidos, sino cierre de las mismas,  es decir, hay problemas serios  y no son de fácil solución, porque son sistémicos. En paralelo con lo anterior tendremos que enfrentar la  crisis energética, la crisis de alimentos y los efectos del cambio climático.

 

Lo que se desprende de todo lo anterior es que efectivamente hay una profunda crisis sistémica del sistema financiero que se irá  profundizando en las próximas semanas y meses. Pero como nos demuestran otras crisis anteriores, las crisis financieras de esta magnitud no la pagan los capitalistas, la pagan los pueblos que viven bajo el sistema capitalista. La paga en última instancia la clase trabajadora mundial.  Esto por cuanto, si se entra en un escenario de recesión mundial, los precios suben, se devalúa el salario y se multiplica la pobreza, lo que implicará huelgas y estallidos sociales, sino guerras a corto plazo a nivel mundial. Pero Oscar Arias y sus acólitos, entre ellos La Nación , prometieron otra cosa a los costarricenses, bienestar y felicidad con un  TLC firmado con un país en bancarrota. Mintieron y engañaron al pueblo de Costa Rica.

 

Ante esta situación de cinismo y de mentira, por sentirse "muy cansado" y porque anuncia tiempos de "vacas flacas" cuando había prometido el "paraíso" lo único decente que debería hacer Oscar Arias es renunciar.

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ENLACE

18  de Septiembre de 2008

Un gobierno a la deriva Juan Manuel Villasuso Cada gobierno trata de crear sus propias metáforas y de apropiarse de imágenes que le confieran identidad. La de este gobierno ha sido la de un capitán de barco, que con mirada visionaria, gorra blanca, ribetes dorados y chaqueta azul dirige desde el puente de mando a un millar de experimentados contramaestres, alférez y grumetes hacia puertos de bienestar y progreso. Pero después de dos años la figura idílica del capitán de navío se ha marchitado. Poco queda del Nóbel líder que nos llevaría hacia el desarrollo. El barco se transformó en panga, la brújula perdió el rumbo y de los diestros marineros varios patalean en el agua. Repasemos algunos hechos concretos. En lo económico las autoridades monetarias han sido incapaces de mitigar las presiones inflacionarias. Este año tendremos los aumentos de precios mas altos desde los noventa. Contrario a cualquier lógica antiinflacionaria el Banco Central redujo las tasas de interés en los primeros meses del año para que se expandiera el crédito y ahora las aumentan perjudicando a los que solicitaron préstamos, que tendrán que pagar cuotas mas elevadas. De la reforma fiscal para lograr mayor justicia tributaria ya no se habla y el gobierno desistió de enviar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. En materia de política energética seguimos sin derrotero. Los combustibles cuestan cada vez mas caros y la única ocurrencia del gobierno ha sido la de restringir la circulación de vehículos. En cuanto a la electricidad no hay garantía de que el próximo verano no vuelvan otras vez los apagones. Y los nuevos celulares ¿llegarán algún día?. Sobre el gobierno de Venezuela y su presidente aquí se dijeron barbaridades. Se utilizó el falso argumento del financiamiento, tanto en la campaña electoral como en el referendo, para desacreditar a quienes se opusieron a Arias y al TLC. Hasta en un memorando oficial se metió miedo con este asunto. Sin embargo, ahora en Europa el mandatario costarricense le dedica palabras de elogio al ALBA, a PetroCaribe y a Hugo Chávez. En lo internacional el desaire que le hizo la cancillería al Dalai Lama, persona respetada por todos los costarricenses, no tiene explicación posible. Nuestra política exterior se ha sustentado siempre en principios y no en conveniencias. ¿Cómo justificar que por presiones y oportunismo económico se cancelara la visita a Costa Rica de este admirado líder político y religioso mundial?. La desigualdad social y la pobreza aumentarán este año y deben enfrentarse con políticas sólidas y gasto público efectivo. Sin embargo, la Contraloría General de la República, con datos concretos y cifras contundentes demostró recientemente que el gobierno no está cumpliendo con el gasto social presupuestado. En el caso de los Ministerios de Vivienda, Seguridad y Transporte la subejecución es elevadísima. !Así es muy fácil mostrar satisfactorios saldos fiscales! Pero hay otra dimensión, adicional a las señaladas, donde la conducta y las actuaciones del gobierno y del resquebrajado capitán son mas graves. Refiere al fideicomiso de Taiwán, las contrataciones del BCIE y ahora la custodia de los bonos chinos. Tiene que ver con la intención de manipular voluntades, silenciar derechos, complacer allegados, concentrar el poder y crear confusión entre dineros públicos e intereses privados. Esto es muy delicado y muy peligroso porque concierne a la institucionalidad democrática. Y hay límites que no es permitido sobrepasar.

•Abel Jiménez, Presidente de la Judicatura:

Peligrosa injerencia político partidaria en la Corte

Jorge Araya Esquivel

Es innegociable un aumento de sueldo tan desproporcionado como el que se aprobaron los magistrados de la Corte Suprema, quienes muestran una “desubicación” respecto a la coyuntura social y económica que vive el país, afirmó Abel Jiménez, presidente de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), que agrupa a los jueces y juezas de la Nación.

¿Cuál es la posición de ustedes ahora que la Corte Plena decidió suspender el aumento salarial que había aprobado para sí y otros miembros de la jerarquía judicial, y enviar el asunto a análisis de la Contraloría General de la República (CGR)?
– Vamos a ver qué va a opinar la CGR, pero independientemente del tema legal creemos que la Corte debe ubicarse políticamente. Un aumento de este tipo es innegociable para nosotros. No se puede dar un aumento tan desproporcionado en este momento en el país. No podemos concordar con una desubicación política de la Corte, en relación con la coyuntura social y económica de nuestro país.

Esa desubicación es parte de la verticalidad que tiene la Corte, cuando no hay forma de ver un escenario diferente, y el que está en la cúspide cree que los demás nada más deben decir sí. Pero ya las cosas han cambiado mucho en nuestro país, donde todos tenemos derecho a cuestionar, y hasta los jueces somos cuestionados, lo cual es parte de un cambio social. Al juez se le critica por qué dejó libre a fulano o sutano, y si al juez se le cuestiona, ¿por qué al magistrado no?
¿Cómo valoran ustedes que la Corte suspendiera el aumento acordado?
– El hecho de haber suspendido el incremento y trasladarlo a la CGR nos da la razón sobre lo importante que era consultar ese aumento privilegiado para 46 personas. Nosotros seguimos insistiendo que ese aumento tiene muchos cuestionamientos de legalidad. La ley de enriquecimiento ilícito, artículo 48, prohíbe hacer aumentos a los funcionarios públicos en los cuales se beneficie a un grupo pequeño, y lo hecho precisamente se subsume en esa norma.

Pero además nosotros no podemos entender cómo se podría recomendar aumentos de hasta un 70% cuando en el país se habla de crisis económica.

Un magistrado gana en este momento ¢3,5 millones más o menos, y con ese aumento, que pensaban aplicarlo a partir del 12 de setiembre, un magistrado llegaba a ganar ¢4,6 millones.

Nuestra organización ha insistido en que, o hay aumento para todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, en forma proporcional, de acuerdo con las circunstancias del país, o no hay aumento para nadie.

El paso dado es un triunfo de nuestra organización. Los jueces y las juezas nos hicimos oír, la Corte acogió nuestra solicitud y la remitió a la CGR.

Pasaron acontecimientos muy difíciles, como fue el hecho de que, cuando fuimos a entregar la carta (con la petición) a la Corte, nunca nos había pasado que nos invitaran a salir de un piso de la institución: fueron momentos muy angustiantes, pero el fruto se ha dado.

Consideramos que ahora sí podemos dar un paso para dialogar, y buscar un análisis de diferentes temas que están en el tapete.

¿Como la evaluación del desempeño de los jueces que está proponiendo la Corte?
– Ahora se insiste mucho con la evaluación del desempeño, en la cual nosotros los jueces estamos de acuerdo, pero en lo que hay que tener cuidado es en quién evalúa.

La comisión de evaluación, que preside don Rolando Vega, tiene nueve administrativos. Hay un representante de nuestra organización, pero ya lo retiramos, porque en esa forma no se puede establecer esa comisión. Hay jueces de enorme experiencia, con muchos años de ejercicio, y hasta un consejo de la judicatura, que pueden abocarse a hacer las evaluaciones.

Es falso lo indicado por el magistrado Vega que nosotros no queremos ser evaluados; sí queremos, pero no por esa comisión. No queremos ser evaluados por el sector con el que hemos tenido un roce muy fuerte, pues es de sentido común que ahora quieran cobrar facturas.

¿Hubo presiones de parte de la Corte por las protestas que realizaron los jueces contra el aumento de los magistrados y la decisión de no investigar al magistrado Federico Sosto?
– Sí mucho. En el comunicado de prensa que distribuimos hicimos ver que uno de los aspectos que más nos preocupó fue la resistencia de la Corte y la manifestación de la verticalidad de la institución. Una manifestación clara de la verticalidad de la institución fue hablar de “puertas abiertas” al diálogo, mientras se rechazaban todas nuestras gestiones.

Al ir a entregar el recurso de revocatoria sobre el caso del magistrado Sosto y no dejarnos ni entrar a Corte Plena, vimos una representación de esa verticalidad. Y es algo que vamos a trabajar si llegamos a dialogar con la Corte, que haya muestras de que efectivamente la Corte marcha por un camino diferente. Va a costar mucho, porque son muchos años de tener esa forma de resolver las cosas, pero ya hicimos camino en cosas que pensábamos que no podíamos hacer.

Cuando se hable con los operadores de justicia y se tomen en cuenta sus opiniones y las decisiones no sean por imposición, las cosas van a cambiar y sobre este paso vamos a insistir.

¿Cómo reaccionaron otros sectores ante sus protestas?
– Las muestras de apoyo de las organizaciones sociales fue muy importante, de la comunidad en general, de personas que no conocíamos. Se dieron situaciones muy particulares, como una señora que llegó a mi oficina a darme la bendición y a expresar solidaridad.

El pueblo está muy cansado de ver abusos y privilegios, de ver ese tipo de decisiones donde se protegen entre ellos; que los magistrados no inician una investigación en el caso de Sosto; que se aumentan el salario solo para ellos mismos
Lamentablemente, las organizaciones del Poder Judicial no apoyaron, salvo la Anic (Asociación de Investigadores de Criminalística, del OIJ), que dijeron que se unían a nuestra lucha. Fue una batalla en la que les hemos explicado a los trabajadores del Poder Judicial que la lucha no es solo por nosotros, sino que es por ellos también, y ha sido un orgullo haber tomado la batuta.

Los jueces y juezas están muy contentos con nuestra organización, que es nuestro instrumento de lucha, porque era muy triste el tiempo en que el juez hablaba solo.

¿Hay temor a represalias entre los empleados judiciales?
– Sí, siempre ha habido temor, porque la verticalidad tiene una consecuencia directa y es la reprimenda.

Cuando se considera que se está en desacuerdo con la cúpula, pues la cúpula sanciona. Eso lo vimos hace casi diez años, cuando jueces del tribunal superior de Alajuela decidieron leer la sentencia a Ricardo Alem. La Sala Constitucional les había dicho que no lo hicieran, pero ellos lo hicieron, porque interpretaron la norma y dijeron “vamos a leerla”. Bueno, les revocaron el nombramiento a los tres jueces que condenaron a Ricardo Alem la primera vez.

Una de las demandas de ustedes era que la Corte Plena revocara su decisión de no investigar al magistrado suplente Federico Sosto, denunciado por haber dado asesoría legal al Poder Ejecutivo siendo magistrado. La Corte rechazó el pedido, pero Sosto renunció ¿eso les satisface?
– Nos parecía que la imagen del Poder Judicial se estaba dañando terriblemente al permanecer él como magistrado. Su renuncia es un triunfo, pero al no abrirse una investigación nos quedó un sinnúmero de dudas, que la renuncia no disipó.

Consideramos que fue una enorme equivocación del grupo mayoritario de magistrados al decidir no investigar. Ellos sabrán por qué se mantuvieron hasta el final en esa posición, y hasta utilizaron argumentos no válidos, de que la Asociación no tiene legitimación para pedir la revocatoria a la decisión de archivar las denuncias.

Cuando vimos las declaraciones del magistrado Sosto, diciendo que había dado una asesoría al Poder Ejecutivo, creímos y seguimos creyendo que era de sentido común iniciar una investigación para ver qué había pasado. Porque todos sabíamos aquí en la Corte que él estaba nombrado magistrado en una plaza vacante, que era la de don Luis Fernando Solano, quien se había jubilado.

Lo que tenía que hacer, cuando pasaron los tres meses de nombramiento, era cerrar su oficina y dedicarse a la magistratura y, si no quería, pues no debía aceptar el nombramiento. Si él fue a dar asesoría legal gratuita, pues hay infracciones a la ley orgánica del Poder Judicial
La gran sorpresa es cuando la Corte Plena dice que no lo vamos a investigar. Eso nos indignó. A muchos funcionarios, cuando han dado algún tipo de asesorías les han revocado el nombramiento o los han suspendido, lo cual está bien hecho, pues uno sabe que si está aquí, no puede brindar asesoría legal.

La percepción que tuvimos es que se estaba violentando la independencia judicial, y se estaba dando una injerencia político partidaria, que era peligrosa para la institución.

Nuestra organización tiene como razón de ser defender la independencia y evitar la injerencia político partidaria en la institución. Nuestra reacción natural fue pedir la revocatoria de ese acuerdo de no investigar y que, por la misma transparencia e independencia del Poder Judicial, se iniciara una investigación, que debió haber incluido la forma cómo Sosto fue nombrado (magistrado suplente durante más de tres meses).

(…)
No creer en la justicia puede provocar un cisma de enormes connotaciones en el país, porque cuando dudamos de lo que nuestros jueces hagan es decir ‘apague y vámonos’, es una situación muy peligrosa.

Es apremiante un cambio, y nosotros vamos a seguir insistiendo, sabemos que a veces es nadar contra corriente, pero hay que seguir adelante.

A los 50 años de ANEP

Mauricio Castro Méndez (*)

Cuando un sindicato cumple 50 años de vida es conveniente hacer un balance de lecciones aprendidas que permitan pensarnos a futuro con una pregunta en mente: ¿cómo podemos ser más útiles para las personas trabajadoras y para el país?
Mucho podríamos decir, pero hay dos lecciones aprendidas que parecen fundamentales. En primer lugar, hemos entendido que si realmente queremos defender los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras, debemos comprender la gran diversidad de necesidades, preocupaciones y sueños que ellas tienen. Las relaciones laborales son tan solo un ámbito en el cual se confrontan esos intereses con otros intereses complementarios y contrapuestos. Más allá de esas relaciones, la persona trabajadora, sea esta asalariada, independiente, formal, informal, remunerada, no remunerada, tiene muy diversas necesidades familiares, comunales, regionales, en su oficio y en su país. Es por eso, que hemos comprendido que siendo un sindicato un medio y no un fin en sí mismo, el desafío es la satisfacción de esas necesidades y sueños, lo cual no podemos hacer como individuos, y tampoco lo puede hacer un sindicato en solitario.

Por una Costa Rica inclusiva y solidaria. Somos parte de un movimiento sociopolítico, diverso, autónomo, multicolor. Esa riqueza nos hace complejos, pero cada vez más eficaces en la medida en que crece nuestra capacidad para comprendernos, acompañarnos, articularnos y logramos actuar a partir de necesidades concretas de nuestra gente con un horizonte compartido: la construcción de una Costa Rica Inclusiva y Solidaria. En ese sentido somos un actor sociopolítico, que forma parte de un sujeto más grande, que se construye y reconstruye cada día.

En el pasado, la representación política era monopolio de los partidos, que pensaban -y en muchos casos aún lo hacen- a las organizaciones como ejecutores de sus visiones, o bien como espacios a ser dominados con clientelismo. La Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entre otras, ha entendido que nuestra autonomía (política y económica) es fundamental, si es que queremos defender a las personas trabajadoras.

Nunca más estaremos ligados a prácticas autoritarias o clientelistas de los partidos, pero esa autonomía jamás puede entenderse como aislamiento. Por el contrario, el descalabro de los partidos tradicionales y sus prácticas políticas nos han reafirmado que nuestro camino es el correcto: debemos consolidar ese Sujeto Político diverso, autónomo y rebelde, que no sucumba ante esas prácticas, y que tenga como objetivo fundamental la inclusión y la solidaridad. Partidos políticos y colectivos organizados ya somos parte de este Sujeto, que nació hace muchos años y está alcanzando su madurez.

Sindicatos y democracia. En este Sujeto Político, el papel jugado por los sindicatos ha sido fundamental. Cada vez es más la gente que se percata de ello, lo cual nos hace uno de los blancos de ataque favorito de aquellos que no quieren la inclusión ni la solidaridad, de aquellos que siguen viviendo la guerra fría, y que ven de manera paranoica la subversión en todo lado, de aquellos que solo utilizan la descalificación y las frases trilladas para generar temor y desconfianza de las personas trabajadoras.

Cada vez son más las personas que han comprendido que cualquier organización compuesta por personas de carne y hueso comete errores y es susceptible de la debilidad humana. Pero cada vez son más las personas que comprenden que la única forma de rescatar nuestra democracia, es desarrollando ese tejido social, autónomo, fuerte, activo, respetuoso de la diversidad. No podemos seguir tolerando, si es que queremos defender y rescatar nuestra democracia, que se violente todos los días el derecho que tiene cualquier persona trabajadora de organizarse y de buscar, colectivamente como parte de ese Sujeto Político, un mejor mañana. Quien siga ignorando esa realidad solamente fortalecerá a quienes desean seguir construyendo una dictadura en la democracia.

*Abogado, asesor de ANEP 

“¡Hoja, hoja, viene la policía!”

MBA Claro González Valdés
clarogonz@yahoo.com

A veces, cuando hace buen tiempo, recorremos la Avenida Central. Esta vía se llama Rogelio Fernández Güel, en honor de aquel valeroso periodista y soldado que fue asesinado por la Dictadura de los hermanos Tinoco. En las tardes tranquilas si nos gusta caminar, avanzamos y entonces pensamos en el futuro o saludamos a alguna amistad que hace mucho no veíamos.

Es curioso que cuando se presentó el proyecto para hacer de esta vía un bulevar, el comercio josefino se opuso. Ahora el comercio no cambia por nada el bulevar y lo pelea a capa y espada, es rentable.

A veces nos desplazamos por la Calle 2, desde la Avenida tercera hasta la cuarta.

Recorremos la ahora moderna avenida cuarta, que viene desde la Iglesia de la Soledad y cuyo final será en el Hospital San Juan de Dios. Aquellas vías son hermosas y dan un aire de ciudad para el ciudadano que pide espacio para el niño o la nieta que desea ver luces en noches apacibles.

¿Qué diría usted, noble lector, si cuando
usted disfruta de la ciudad, oye un grito desgarrador que dice “¡Hoja, hoja…la policía municipal! Y rompe la armonía de la tarde?
Hay gentes que huyen, otras metes ropas, medias, patitos y muñecos en mantas y sacos. Aquello parece un escarnio. Es un problema complejo. No obstante, el señor Alcalde
Municipal, Ing. Johnny Araya, no solo puede, sino que debe resolverlo.

Don Johnny tiene arrestos para hacerlo. Ha hecho una buena obra urbanística en San José. Los ciudadanos y los niños dan testimonio de ello cuando salen a pasear por los bulevares y los parques. Es un funcionario con una buena obra municipal. ¿Cómo arreglar el problema de los vendedores ambulantes?
Muy sencillo. Debe dar permisos de ventas a estos trabajadores informales, pero desde luego no a todo el que se le ocurra. Debe existir una buena reglamentación. Otorgar un permiso de venta, por ejemplo, en la Avenida Fernández Güell, de 7 a.m. a 10 a.m. a un grupo, de 6 p.m. a 9 p.m. a otros grupos. Así, un mismo podría operarse en la Avenida cuatro y en el tramo de la Avenida dos, alternando esos grupos.

Eso sí, bajo las siguientes condiciones: a. Que sean ciudadanos costarricenses. b. Residentes de otros países pero con todos sus documentos legales en regla. c. No se permitirá este trabajo a personas ilegales de ningún país. Así se evitará que vengan más ilegales de otros países a montar estas ventas. Recuérdese que en Costa Rica vive más de millón y medio de personas no nacionales, de los cuales más de un millón son ilegales, según estimaciones bien fundadas. Ahora, ¿los 40 mil que vienen cada año a la zafra y a las cogidas de café, regresan a sus países?
Es lógico y razonable que el comercio establecido tiene parte de razón al oponerse a estas ventas ambulantes. El comercio formal paga patentes, empleados con salarios mínimos, seguro social, agua, luz, impuestos y muchas inversiones y costos. Sin embargo, una venta de un par de medias de un precio accesible para personas de bajos recursos o medios, no le va a afectar a una tienda de lujo que vende camisas Cristian Dior, Pierre Cardin u Oscar de la Renta.

A la vez, el señor Alcalde, puede emprender nuevos proyectos como entrarle a la Calle 8. ¿Por qué ha tenido miedo a resolver este problema? Un bulevar de esta calle vendría a darle un aire nuevo a este sector tan olvidado y feo de San José.