domingo, 31 de enero de 2010
lunes, 25 de enero de 2010
OTTON SOLIS GANO EL DEBATE DE CANAL 7 VEA VOTACION Y GRAFICOS
¿QUIEN GANO EL DEBATE DEL DOMINGO 24 DE ENERO 2010 EN TELENOTICIAS CANAL 7 ?
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domingo, 24 de enero de 2010
ALGO QUE USTED DESCONOCE DE OTTO GUEVARA
ANTES DE VOTAR POR OTTO GUEVARA GUTH
CANDIDATO PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO
LEA LO SIGUIENTE:
El 9 de agosto del 2003, sucedió una tragedia en la empresa POCAMAR S.A que pertenece a la familia de Otto Guevara Guth. Esta tragedia pudo evitarse, pero no tuvieron voluntad.
CARLOS ENRIQUE QUIROS ROMERO era un menor de edad de tan solo 14 años. Miembro de una familia muy pobre de Quepos, tuvo que buscar trabajo para poder ayudar a su mamá, quien se encuentra muy enferma y a su hermana mayor, que es discapacitada.
En POCAMAR lo contrataron “para ayudarle”. Así fue como lo hicieron trabajar de lunes a sábado, desde las 06:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. casi siempre pagándole un salario de ¢25,000.00 por semana, cuando en realidad le correspondían más de ¢45,430.00 de conformidad con lo que establece la legislación salarial, empezando por el Código de Trabajo.
No lo aseguraron en la CCSS, ni en el INS. Le negaron las mínimas garantías a las que tenía derecho, ni siquiera le pagaron un salario justo. Carlos debía laborar 432 horas al mes, situación que es totalmente ilegal según el Código de Trabajo, pues solo se permite laborar un máximo de 324 horas.
Carlos Enrique Quirós Romero murió el 09 de agosto del 2003, mientras trabajaba para POCAMAR S.A. Una vagoneta cargada por completo lo aplastó y arrastró por cerca de diez metros con las llantas traseras. Le arrancó una de sus piernas y lo destrozó por dentro... agonizó hasta llegar al hospital donde murió. El accidente de Carlos Enrique sucedió cuando salía de su trabajo como CHEQUEADOR DE VAGONETAS para los Guevara Guth, por el único camino que había para salir desde el río Naranjo, donde su patrón tiene o tenía una concesión para extraer materiales. Al llegar a la caseta de entrada tuvo el accidente (informe No. SRAP-328-2003 del Organismo de Investigación Judicial de Aguirre y Parrita)
Los dueños de POCAMAR, al principio alegaron que Carlos Enrique no trabajaba para ellos y negaron parte de lo sucedido, pero los informes del Organismo de Investigación Judicial y el Instituto Nacional de Seguros determinaron lo contrario. Los señores Edwin Váquez M., Steven Méndez R., Alban Peralta B., Lidieth Cortés D., Omar Fallas G., Gerardo A. Romero C., Mario Aguilar M., Florencio Méndez M., Alban Peralta B. y Guillermo Castillo M. hicieron constar que Carlos Enrique Quirós Romero laboraba para la empresa POCAMAR S.A. que su jornada era desde las 06:00 a.m. a las 10:00 p.m. como Chequeador de Vagonetas y que le pagaban un salario de ¢25,000.00 por semana, dinero que se le pagaba en efectivo sin ningún comprobante de pago.
Luego POCAMAR alegó que el accidente no se constituía en un Riesgo del Trabajo, pero nuevamente los inspectores del INS buscaron pruebas y determinaron que si lo era. Sin embargo, los Guevara Guth sostienen que no lo es y no quieren asumir su responsabilidad en esta tragedia.
Carlos Enrique era un niño al que POCAMAR explotó en una de las formas más inhumanas del trabajo infantil: se aprovecharon de su inocencia y su necesidad para hacerlo trabajar jornadas ilegales pagándole un salario por debajo del mínimo legal y ni siquiera le brindaron la menor capacitación en seguridad, misma que quizás le hubiera salvado la vida. Menospreciaron su vida al punto que ni siquiera lo aseguraron para darle la mínima protección.
Lo sucedido a Carlos Enrique no es una desgracia ajena, en nuestras familias existen muchos niños como Carlos, a quienes debemos defender de gente que primero los podría utilizar para enriquecerse y luego para levantar su imagen política diciendo cosas que no ha cumplido y no cumplirán a su favor.
Si va a votar por Otto Guevara, piense ¿qué hará él de asumir la Presidencia de la República por nuestra niñez y nuestros jóvenes? ¿Le importarán de alguna forma?
Luis Alberto Salas Sarkís
Cédula 1-560-606
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EL PARTIDO ACCION CIUDADANA SIN PLATA PERO CON GENTE. CARAVANA DE AYER FUE IMPRESIONANTE
PAC se tiró a la calles
Fuente: http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&edicion=20100122&ref=22-01-100004Una impresionante caravana de vehículos del Partido Acción Ciudadana (PAC) se tomó la noche del sábado el centro de la ciudad capital, haciendo colapsar el tránsito de vehículos durante un par de horas. "El cierre de campaña va a ser extraordinario. Ya no podrán seguir invisibilizándonos", dijo el jefe de campaña del PAC, Francisco Molina.
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| El acto arrancó al caer la tarde en la estatua de León Cortés. |
Cientos de banderas roji-amarillas del PAC ondeaban en los vehículos, que también fueron adornados con pancartas con fotografías del líder de ese partido Ottón Solís. El ruido de las bocinas inundó las calles de la capital, que anoche fue ganada por el PAC.
La caravana arrancó en las inmediaciones de la estatua de León Cortés, en La Sabana, en el sector oeste de la capital, y recorrió todo el Paseo Colón para luego avanzar por la Avenida Segunda hacia la Plaza de la Democracia y la Rotonda de San Pedro.
El líder del PAC y su comando de campaña acompañaron la caravana y a la altura del Parque de la Merced, Solís se bajó de su vehículo y emocionado saludaba a sus seguidores con sus brazos en alto.
Algunos de los vehículos lucían también banderas del Partido de Integración Nacional (PIN), del doctor Walter Muñoz, y de Alianza Patriótica, de Rolando Araya, que han llamado a votar por el Solis, en lo que han denominado una "gran alianza" de centro izquierda.
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| El acto arrancó al caer la tarde en la estatua de León Cortés. |
Si plata, pero con gente
El jefe de campaña del PAC, Francisco Molina, dijo estar gratamente impresionado por la manifestación que dijo no se esperaban.
"La gente ha estado un poco fría, como producto de la campaña mediática que busca invisibilizarnos y hacernos aparecer en el tercer lugar, pero anoche el PAC comenzó a despertar. El cierre de campaña va a ser extraordinario", dijo Molina a Informa-tico.com.
"Sí esperábamos una acto grande, peró jamás la cantidad impresionante de carros que tuvimos, fue un acto que dejó boquiabiertos a todos los que lo observaron y creo que ese va a ser lo que sigue, un pueblo tirado a las calles sin necesidad de millones de colones", agregó Molina.
El PAC tuvo que dejar de pautar anuncios en la televisión, debido a que el Banco de Costa Rica se negó a girarles más dinero de la deuda, argumentando que las encuestas le dan poco porcentaje al PAC.
viernes, 22 de enero de 2010
A Otto Guevara Guth y a la Opinión Publica costarricense
El paraíso, Venecia, San Carlos 20/01/2010
A Otto Guevara Guth y a la Opinión Publica costarricense,
Humberto Arce, gerente financiero del Movimiento Libertario. No tiene ética, ni moral, ni es transparente, él es todo lo contrario, lo decimos con conocimiento de causa pues nosotros somos familias, trabajadoras de El Paraíso de Venecia, San Carlos, vecinos colindantes de la finca que tiene Humberto Arce en las Alturas de Marsella.
Queremos decir con claridad que durante su periodo diputadil 2002-2006 el político Arce nos vio por años, construir nuestra bella comunidad campesina, después de que compramos los derechos de posesión de la Finca abandonada por Frank Farah, derechos que compramos a un señor de apellido Marín, hijo del finado don Arnoldo el antiguo mandador de la finca que murió esperando que el estadounidense regresara a pagarle salarios atrasados y otros derechos laborales. Desde entonces la posición la ejerció un hijo del difunto que luego decidió vender sus derechos posesorios a 8 parceleros.
Frank Farah, es un gringo que desapareció de Costa Rica hace más de trece años. Según certificación de Migración, Frank Farah entró a Costa Rica por última vez en Diciembre de 1997 y no se reportó nunca su salida, desde esa fecha no se ha visto en nuestro país.
Los derechos y bienes que hemos construido en una década de trabajo y esfuerzo son casas, galerones, lecherías, repastos, cercas, árboles, frutales, caminos, agua potable, teléfonos fijos, electricidad, tenemos ocho planos catastrados desde el 2003, desde entonces pagamos, puntualmente los impuestos territoriales, y desarrollamos actividades agropecuarias en crecimiento, procurando realizarlas, en armonía con el medio ambiente, también protegemos una área con nacientes y bosques de 25 hectáreas, la finca es de 73 hectáreas y está divida en ocho parcelas.
Las familias nos dedicamos principalmente a la producción de ganado de leche, engorde y cría, algunos parceleros entregamos diariamente leche a la cooperativa Dos Pinos y la empresa SIGMA, otros también elaboramos quesos que vendemos en el mercado local, y otros al ganado de engorde. Nuestros hijos estudiantes viajan al colegio de Venecia, y los menores asisten a la escuela de Marsella. Los beneficiarios directos del trabajo en nuestras parcelas somos 40 personas entre los adultos y adolecentes, y los beneficiarios indirectos son más de 55.
A un año y medio después de su fracaso electoral en el 2006 el político Arce, con una actitud, hostil, violenta y agresiva, pretendió desalojarnos de nuestras casas y parcelas, quiso tirarnos a la calle un domingo, sin darnos tiempo de nada con una orden de desalojo policial.
Efectivamente por cínico e increíble que parezca el ex diputado Arce, famoso cuando fue diputado, por sus encendidos discursos contra la corrupción, transparencia y honestidad , intentó por todos los medios desalojarnos a las familias parceleras, con la perversa intención de destruir casas nuevas y viejas, además de apropiarse indebidamente de los galerones, lecherías, frutos de nuestros trabajos y esfuerzos, para esa fecha octubre del 2007 ya teníamos entre los parceleros mas de cien reses, además de cerdos, caballos y gallinas.
El 16 de mayo del 2007 el grupo de productores de El Paraíso hicimos una solicitud de intervención y apertura del caso ante el Instituto de Desarrollo Agrario IDA, por dos meses no obtuvimos respuesta alguna. Pero para sorpresa y asombro nuestro, el 9 de julio del 2007, se presentaron al IDA dos personajes políticos el ex diputado del P.U.S.C y ex presidente del C.N.P. Señor Orlando Gonzales Villalobos, también finquero colindante de los parceleros de El Paraíso, acompañado de Humberto Arce Salas, solicitando que nos declaran la vía administrativa agotada, argumentando entre otras mentiras, que nuestro grupo nunca había solicitado al IDA que declarara la existencia de un conflicto de posesión precaria de tierras.
En un caso que calificamos, de tráfico de influencias, ese mismo día dócil y complacientemente, el presidente Ejecutivo del IDA en ese año Alberto Amador, solicitó mediante un memorando fechado 9 de Julio del 2007 PE. AL 339-07 a la dirección de asuntos jurídicos que “Valore el agotamiento de la vía administrativa”. Tal como lo solicitaron, los mencionados políticos, ante semejante “Sugerencia”, efectivamente el 22 de octubre del 2007, la junta directiva del IDA” dió por agotada la vía administrativa. Precisamente ese mismo día el 22 de octubre del 2007, el juzgado agrario de San Carlos ordenó al ministerio de seguridad pública suspender el desalojo gestionado por Humberto, contra las ocho familias campesinas del Paraíso de Marsella.
A pesar de la apelación de los políticos confabulados. El tribunal Agrario del segundo circuito Judicial de San José, confirmó también la resolución de Juzgado Agrario de San Carlos, mediante voto N0148-F08, del 6 de marzo del 2008.
Recientemente los citados políticos pidieron al juzgado agrario de San Carlos la sucesión procesal o sea sacar a Frank Farah, de las demandas, que tenemos en los tribunales, para asumir sólo ellos, el proceso legal. Complaciente y extrañamente el juzgado agrario aceptó tal petición, dichosamente el tribunal agrario del segundo circuito Judicial de San José anuló esa resolución mediante voto N 0516-F08 del treinta y uno de Julio del 2008, “se rechaza la sucesión procesal debiendo el adquiriente Arce y Farah continuar su intervención”
Todo lo contrario a la transparencia que pregona Arce en sus discursos políticos, abrumándonos con un mar de dudas, se oponen obstinadamente ante el juzgado, para que no llame al señor Farah a declarar a Costa Rica, o sea la prueba confesional, ¿Por qué, no lo sabemos? Actualmente esa batalla legal la estamos, dando en el juzgado y en los Tribunales agrarios, según dicen estos políticos confabulados Farah vive en California. Por internet descubrimos que solo en los Ángeles existen más de 20 personas con el nombre de Frank Farah, por eso nos queda una duda preocupante, que no es nada “transparente”,
¿De todos los Frank Farah? cual fue el que le hizo el poder al ex diputado Gonzales, con el que luego le vende la finca al ex diputado Arce.
¿Cómo aparecen estos personajes políticos violentando nuestra paz?
A finales del 2007, inesperadamente irrumpen en la escena con un poder que presenta el ex diputado Orlando Gonzales Villalobos, hecho en el consulado de los Ángeles California; de Frank Farah a Orlando, el poder Dice “Que no puede vender, hipotecar etc.”
Con ese poder en la mano Orlando le extiende un poder a Arce para que lo represente, luego dos meses después, Gonzales presenta otro poder hecho en el consulado de los Ángeles donde dice “Que si puede vender, hipotecar etc.”
Ya en octubre del 2007 Orlando le vende a Humberto toda la Finca de Frank Farah, en la suma risible de diez millones de colones o sea que Arce compró cien manzanas en ese monto “Aguas turbias con arenas movedizas”, en esta región un lote para una casa vale ese monto, así registraron la “Sociedad Arce y Farah” por eso decimos contundentemente que el gerente financiero del Movimiento de Otto Guevara, no tiene ética, ni moral, ni es transparente y “La mejor forma de ayudar este país es decir las cosas a tiempo” palabras de Humberto Arce en un debate televisivo del programa Su Voto Primero del día 14 de enero del presente mes, donde se le cuestionaba sobre la procedencia de más de $600.000, conseguidos por los Libertarios, y Humberto intentaba justificarlos
En octubre del 2007 nuestro grupo campesino dio a conocer nuestra posición, al Semanario Universidad el cual publico un resumen, cuando el periodista consultó a Humberto para conocer su posición, éste manifestó con soberbia, prepotencia y total desprecio al campesinado, que nosotros éramos “precaristas, campesinos, ignorantes, que no producíamos ni para una ensalada” y que ya él era dueño de la mitad de la propiedad.
¿Qué Clase de “Cambio Yá” Nos ofrece el movimiento de Otto Guevara con esta paloma de la Paz en el equipo asesor?
¿Qué podrá buscar Humberto Arce en ese privilegiado puesto? para nosotros campesinos de este lugar, es claro y no tenemos duda, lo que él busca es: Poder económico y político, No vislumbramos deseos de servir a la patria sino más bien un interés de servirse con cuchara grande, procurará asegurarse un puesto público protagónico en un futuro gobierno Libertario o quizás en la asamblea legislativa de asesor parlamentario.
¡Chingo, de Honestidad y transparencia!
Señor: Otto Guevara
¿Cómo vamos a construir el futuro de Costa Rica Con esa hoja de vida de un futuro funcionario gubernamental? ¡Claro que nos asusta y nos da miedo el futuro así!
Lo que decimos aquí es fácilmente comprobable y está respaldado documentalmente en las ocho Demandas ordinarias que pesan contra Humberto Arce en el Juzgado Agrario de San Carlos.
Expediente 07-000- 223-298AG, Exp. N.07-000-227-298.AG, y seis mas sucesivamente
“Y no es un asunto de Liguistas y Saprisistas, del sí o del no, lo que está en la mesa es el futuro de nuestros hijos, de nuestras vidas, de nuestra patria”.
Atentamente
Genaro Baldi Vilmar Vargas Soto
Tel. 2472-1745
Jorge Ignacio Molina Jiménez. Flory Alvarado salas
Tel. 2472-1823 Tel. 2472-1740
Y veinte firmas más de nuestro Asentamiento campesino El Paraíso
Posdata.
Y una pregunta que vale oro
Don Otto y opinión pública nacional ¿Adivina, adivinador?
¿Quién tiene atrasado y paralizado Casa Máquinas? Del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 en Venecia de San Carlos, porque en asocio familiar compraron propiedades baratas para luego cobrar cifras descomunales al ICE, Favor averiguar en la gerencia de Jasec en Cartago o con el departamento legal del ICE.
¡AH! A lo mejor es un político que habla de transparencia y honestidad, aspirando a un puesto de un futuro gobierno, y cuando lo averigüen me avisan porque yo quiero saberlo.
¡Chingo de sorpresota nos podemos llevar!
En el Paraíso de Venecia no tenemos dirección correo electrónico, pero nos pueden escribir a la dirección de un buen amigo, que nos facilita su correo jvargasarias@gmail.com
Convocatoria Urgente al Movimiento Social de Costa Rica
Convocatoria Urgente al Movimiento Social de Costa Rica
Ante la crítica situación que ha generado la nueva maniobra del Gobierno, por lograr la entrega a manos privadas de los muelles de Limón, se convoca con carácter de urgencia a todo al movimiento social y a la sociedad civil, a una concentración de fuerza, frente al Ministerio de Trabajo, hoy viernes 22 de enero a partir de las 11 de la mañana. Para apoyar así, al grupo de dirigentes que ha tomado el Ministerio y exigir de forma categórica el rechazo de la espuria Asamblea realizada en JAPDEVA.
NO permitamos la entrega de los muelles de Limón.
NO a la entrega del patrimonio
Tod@s a las 11 a.m. en el Ministerio de Trabajo
viernes, 15 de enero de 2010
lunes, 11 de enero de 2010
Serias dudas sobre financiamiento de campaña del Movimiento Libertario
El Movimento Libertario ha querido explicar el origen de sus fondos a través de tres préstamos que recibió Otto Guevara entre el 28 de Julio y el 03 de Setiembre del 2009. Según ellos, Otto Guevara recibió de prestamistas privados la suma de trescientos millones de colones (Seiscientos ochenta y tres mil dólares), poniendo como garantía tres fincas cuyo valor total reportado a la Hacienda Pública es tan sólo de 83 millones de colones.
¿Préstamos reales o simulados?
Hoy en conferencia de prensa el Movimiento Libertario por medio de su candidato Otto Guevara explicó que recibió casi cuatrocientos millones de colones por parte de prestamistas privados. Lo curioso es que no se trata de préstamos de ninguna entidad bancaria, ni un banco público, ni un banco privado, ni siquiera de una entidad financiera privada que se dedique a ese negocio. Las sociedades que aparecen prestando el dinero a Guevara son sociedades comunes y corrientes, que no son conocidas por dedicarse a esos negocios y que las autoridades financieras no pueden revisar ni controlar.
El abogado que hace dos de las hipotecas millonarias no es el abogado de las empresas que prestan el dinero, sino que se trata del abogado particular de don Otto Guevara, sub-tesorero del Movimiento Libertario y defensor privado de Guevara en el juicio en el que se encuentra acusado por Usurpación. Así es, el abogado que hizo las hipotecas es Cristian Arguedas Arguedas, y no los abogados de los prestamistas. Esto en el comercio y en la práctica jurídica no es lo usual. Si un costarricense pide un préstamo, siempre el abogado que realizará la hipoteca será el abogado del banco o del prestamista que pone el dinero, pues es la forma de asegurar la realización de la hipoteca. Nadie presta cientos de millones de colones y contrata para hacer las hipotecas al abogado del deudor. En este caso, es Cristian Arguedas, abogado particular de Otto Guevara y sub tesorero de la campaña el que las hizo, ¿por qué? ¿Cómo es que la empresa Seguridad de los Océanos O & R S.A. le prestó a don Otto casi doscientos cincuenta millones de colones y contrató al abogado y tesorero del propio Otto para hacer las hipotecas?
Un oceano de fondo
La sociedad anónima “Seguridad de los Océanos O & R S.A.” pertenece a la señora Carla Vanesa Gómez López, cédula 1-851-318, quien tiene su casa de habitación en San Rafael de Alajuela, condominio Las Garzas a nombre de la misma sociedad. Esta sociedad no está hecha para negocios sino para la inscripción de su propia casa que mide 197 metros cuadrados y está hipotecada al Banco de Costa Rica por cuarenta y dos millones de colones. La señora Gómez es una maestra de profesión, quien en su momento fue dueña de una peluquería y no se dedican a prestar dinero ni ella ni la sociedad. Ella no tiene más bienes que su casa y su vehículo, pero le prestó a Otto Guevara casi doscientos cincuenta millones de colones y además contrató al abogado de Otto Guevara y sub tesorero de la campaña libertaria para que le hiciera las hipotecas.
Surgen más preguntas
Ante estos datos de los préstamos, hay muchas dudas por la participación de Carla González López.
Veamos:
¿Cuántos préstamos ha realizado la sociedad Seguridad de los Océanos O & R S.A. aparte de los que favorecieron a Otto Guevara? ¿Quiénes aportaron el dinero a la sociedad para que ésta prestara el dinero a Otto? ¿Cuáles son los ingresos que esa sociedad reporta a Tributación Directa?
martes, 5 de enero de 2010
Fraude de ley en la designación de la Defensora de los Habitantes
Fraude de ley en la designación de la Defensora de los Habitantes
Piden a la Sala Cuarta anular el nombramiento de Mosha Taitelbaum
Por violación al artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica, fue presentado un recurso de amparo por la elección de la ex legisladora gobiernista Mosha “Ofelia” Taitelbaum como regente de la Defensoría de los Habitantes de la República.
El recurso fue interpuesto por la ex aspirante a ese cargo, Ana Margarita Araujo Gallegos, y por el abogado Gerardo Trejos Salas, quienes reclaman que toda persona es igual “ante la ley”, por lo que solicitan a la Sala Constitucional declarar nula la designación, por parte de 33 diputados afines al Gobierno.
El siguiente es el texto del recurso, divulgado inicialmente por la página Tribuna Democrática, especializada en artículos de opinión:
“Que Sicilia no esté sometida a los déspotas, como ninguna otra ciudad (este es al menos mi consejo), sino a las leyes”. Platón, Carta VII
Presentamos recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa por violación del artículo 33 de la Constitución Política, donde se declara que toda persona es igual “ante la ley” en relación con el artículo 20 del título preliminar del Código Civil.
Hechos y consideraciones
Los concursos por antecedentes y oposición son procedimientos utilizados para la designación de determinadas posiciones, en el sector público o en el privado, mediante los que se determina el perfil del o de la profesional que va a desempeñar el puesto de que se trata, se fijan ciertos requisitos formales de participación, puntajes y calificación de oferentes debiendo éstos aportar, con una declaración jurada, la documentación respaldatoria pertinente.
Se supone, asimismo, que en el procedimiento imperará el principio de igualdad consagrado por la Constitución Política y que los concursantes serán calificados conforme a las reglas establecidas, con transparencia y objetividad.
En ese entendido, un grupo muy importante de postulantes, de la más alta valía, aceptó la invitación realizada por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea legislativa y decidió participar en el proceso de elección del Defensor de los Habitantes.
Sin embargo, al concluir el procedimiento quedaron de manifiesto fraudes procesales en la elección y flagrante violación al principio de igualdad. Nuestro recurso pretende demostrar que el procedimiento seguido para su designación, en sí mismo, formó parte de una maniobra procesal idónea desplegada en la Asamblea Legislativa, mediante la que se engañó a los otros postulantes en el concurso, haciéndoles creer que iban a participar en igualdad de condiciones los unos con los otros, y que sus ofertas, atestados, entrevistas y demás requisitos iba a ser calificados de forma imparcial, clara y objetiva por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea legislativa, dándoles con ello, una oportunidad real de poder, efectivamente, acceder al puesto que se estaba concursando.
A juicio nuestro en ese concurso, no imperó la seguridad jurídica para todos los concursantes. El procedimiento se abrió con el único objetivo de dar visos de legalidad a un nombramiento que ya estaba decidido y acordado de previo, antes que fuera ejecutado. (Fraude a la ley).
Tanto en la segunda como en la tercera legislatura de la presente administración, la ahora Defensora postuló su nombre como candidata a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. En ambas oportunidades, tras intensas negociaciones, aceptó renunciar a sus aspiraciones consolidando con ello las aspiraciones del Dr. Francisco Antonio Pacheco, político avezado en el campo, que conoce que en esa vieja profesión “nada nunca es por nada”. De ahí que hay quienes afirman que antes que el Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez ungiera a la actual Defensora como su candidata para la Defensoría de los Habitantes, ya otro Presidente había negociado ese puesto con ella. A partir de ese momento, todo fue ejecutar las maniobras que objetivamente se debían producir para alcanzar el resultado buscado, es decir, llenar formas y procedimientos, utilizar unos cuantos ingenuos que pensaron que el concurso era de verdad y que con su participación en el mismo dieron visos de legalidad a la acción, consolidar unas cuantas alianzas adicionales minoritarias y ejecutar la designación.
Como bien ha expresado el Dr. Fernando Duran Ayanegui (La Nación, 3 de enero del 2010): “Si era necesario medir el grado de arrogancia que ha alcanzado el ejercicio del poder en nuestra Republica, la elección de la defensora de los habitantes fue más que oportuna. Sabemos bien que el resultado final no se originó en la evaluación de meritos personales ni en consideraciones sobre el interés colectivo sino, simplemente, en la necesidad de satisfacer un capricho palaciego que la misma doña Ofelia Taitelbaum reveló con pelos y señales. Como ocurría en la corte de Ivan Grozny, solo que en nuestro caso lo que podría ser terrible termina siendo risible”.
Como justamente ha expresado el profesor Edgardo Moreno (La Nación, 3 de enero del 2010): “La dignidad, la ética, y la prudencia son los recursos principales para mantener el prestigio con el que todos los seres humanos nacen, sin importar su origen. La sabiduría de saberse inferior y la cortesía de dar el paso, ayudan a mantener la buena reputación y son el camino más certero para lograr el respeto de las personas y el poder real. Un Ombudsman sin prestigio, no es más que un actor, un bufón que con su traje de arlequín pretende convencer a un rey que su pueblo merece atención. Un Ombudsman sin prestigio es simplemente incapaz de enfrentarse con la razón a un gobierno que esté equivocado”.
Derecho
En esa designación se presentan los elementos característicos de la estafa o fraude procesal.
1º Como requisito esencial, existe un engaño, un ardid, un astuto despliegue de medios engañosos que hizo que los múltiples destinatarios del mismo, profesionales distinguidos que participaron en el concurso de antecedentes, aceptaran hacerlo pensando que en igualdad de condiciones iban a ser calificados con objetividad y transparencia y que iban a tener oportunidad de ser designados en el cargo ofertado.
2º El ardid, el engaño, produjo los efectos deseados por quienes lo perpetraron (legalizar el procedimiento de nombramiento de nuevo Defensor de los Habitantes), mismo que culminó con la designación realizada por el Plenario de la Asamblea Legislativa.
3º Los oferentes no fueron calificados de forma objetiva en la Comisión de Nombramientos, nunca se dieron a conocer los criterios de evaluación del ensayo y la entrevista. Consta en actas calificaciones de cero a varios de los participantes sin fundamentación alguna.
Lo acaecido es sumamente grave, situaciones como la descrita lesionan la democracia, minan la fe en la política y violentan los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico como lo probamos seguidamente.
El artículo 20 [del Código Civil] establece con carácter general los requisitos necesarios para que un acto pueda ser considerado como ejecutado en fraude de ley, que es una violación de una norma imperativa también, pero realizada de una forma oblicua o indirecta.
Los actos deben realizarse al amparo del texto de una norma que aparentemente los acoja, en este caso la norma de la ley de creación de la Defensoría de la Republica que faculta a la Asamblea Legislativa, mediante mayoría absoluta de los diputados presentes, [a designar] al titular de la Defensoría (artículo 3 de la Ley de la Defensoría de los habitantes de la República) aunque no hay ninguna dificultad en que en lugar de una pluralidad de actos se trate de un único acto. La norma en cuestión, llamada también ley de cobertura, tiene una finalidad, que aparentemente es la que persigue el que ejecuta el acto. Se dice aparentemente porque una de las características de la figura en examen es la coincidencia externa entre el supuesto de hecho que después resulta fraudulento y el de la norma en la que se busca amparo.
Ha de perseguirse un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él (en la ocurrencia la violación del principio constitucional de igualdad ante la ley), pero a continuación, después de considerar fraudulentos a los actos, se señala la consecuencia jurídica: “no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir”. Existe una contradicción pues una cosa es el resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a el en bloque, lo que podría ocurrir sin ley imperativa concreta por pura contradicción con los principios generales del Derecho, que forman indudablemente parte del ordenamiento jurídico, pueden estigmatizar como fraudulento un acto si contraviene a los mismos.
En el derecho comparado y en la legislación costarricense existen normas y jurisprudencia abundante que sancionan los actos realizados al amparo de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él. Véase al respecto, y en lo que concierne al derecho costarricense, el libro de Gerardo Parajeles El fraude de ley, Editorial Investigaciones Jurídicas, San José, Costa Rica.
Como bien saben los señores Magistrados, en el vocabulario jurídico la palabra ley tiene varios significados. En el más amplio sentido —del que prescindimos aquí— se designa con esa palabra toda norma jurídica, expresándose con ella el concepto genérico de Derecho. En un sentido restringido, ley equivale a toda norma jurídica emanada del Estado. Tal significado es común en el derecho positivo; puede hallarse, por ejemplo en el artículo 33 de la Constitución Política donde se declara que toda persona es igual ante la ley. No cabe duda de que, con el nombre de ley, debe entenderse cualquier regla general, bien sea que provenga de una ley por la forma o de un reglamento administrativo (Carre De Malberg, R., Teoría General del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1948, pag. 273).
Por consiguiente, el artículo 20 del Código Civil que regula los actos ejecutados en fraude de la ley y sus consecuencias se refieren a la Constitución Política y a los reglamentos administrativos, y a toda norma general (como las disposiciones que regulan el procedimiento para la elección del titular de la Defensoría de los Habitantes de la Republica).
Así las cosas, es evidente que la Asamblea Legislativa*, en los procedimientos utilizados para la última elección de la Defensora, violó el artículo 33 de la Constitución Política*, en razón de que designó para ese cargo a una persona que se encontraba en una situación ventajosa respecto a los demás postulantes por el solo hecho de ser miembro de la Asamblea Legislativa, aun cuando no hubiera participado en la votación.
De lo dicho se desprende que en el fraude a la ley concurre siempre un acto que se acoge a la protección de una norma que está dada para un determinada finalidad y que el autor de aquel pone al servicio de otra diferente, evitando así la aplicación de la norma defraudada que, bien por interpretación conjunta y sistemática con otros preceptos del ordenamiento o por su extensión a aquel supuesto por fuerza de la analogía (legis o iuris), ha de regir. La peculiaridad de la figura reside en la cobertura legal del acto que hay que destruir.
El fraude a la ley no requiere en modo alguno una intención dirigida a tal fin, que sería muy difícil probarla cumplidamente porque el fin último de la doctrina del fraude es la defensa del cumplimiento de las leyes, no la represión del concierto o intención maliciosa.
Pruebas
Actas públicas de la Comisión de Nombramiento último del Defensor de los Habitantes de la Asamblea Legislativa y calificaciones de los respectivos candidatos junto con las normas que se utilizaron para dicha designación y, muy especialmente, el Acta Nº 1487, (Sesión Nº 23, del 22 de octubre de 2009).
Declaraciones ante los medios de comunicación colectiva, de los mismos diputados de la Asamblea Legislativa y de la señora Taitelbaum.
Petitoria
1. Solicitamos declarar la nulidad del nombramiento del Defensor de la República recaído en la ex diputada Ofelia Taitelbaum por violación del artículo 33 de la Constitución Política en relación con el artículo 20 del Título Preliminar del Código Civil.
2. Ordenar a la Asamblea Legislativa, la celebración de un nuevo concurso para ocupar el cargo de Defensor de los Habitantes de la República.
3. Ordenar a la Asamblea Legislativa la cancelación a la señora Defensora de los derechos que como funcionaria de hecho le corresponden.
[¡AMEN!]
(*) Gerardo Trejos es Abogado-empresario, y Ana Margarita Araujo Gallegos, ex postulante al cargo de Defensor de los Habitantes y perjudicada directa.
domingo, 3 de enero de 2010
2010: DIEZ DESAFÍOS LABORALES DE PRIMER ORDEN AL INICIO DE UNA NUEVA DÉCADA
2010: DIEZ DESAFÍOS LABORALES DE PRIMER ORDEN
AL INICIO DE UNA NUEVA DÉCADA
Ha comenzado el año 2010 y, con ello, el inicio de la segunda década del siglo XXI. Estamos de cara a una Costa Rica marcada por una abusiva concentración de la riqueza y un crecimiento impresionante de la desigualdad y de la exclusión sociales.
Ante esta situación y desde una perspectiva laboral, diez gigantescos desafíos (por mencionar una agenda mínima de carácter sindical), nos muestran el sendero de lucha que tenemos por delante, apelando para ello a la organización y a la movilización en el marco del concepto sociopolítico de Democracia de la Calle.
Reiteramos la validez de la propuesta “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, varias de las cuales resaltamos en este pronunciamiento sindical.
Resulta impostergable obligar a que nuestros gobernantes a que cambien ese pernicioso rumbo de favorecimiento hacia los reducidos grupos de poder económico que muestran una abusiva concentración de la riqueza, así como una desproporcionada influencia política en pro de sus intereses egoístas.
1- La transformación tributaria estructural.
Se requiere un cambio estratégico hacia un sistema impositivo de carácter progresivo que, al menos inicialmente, desacelere el veloz proceso de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad y de la exclusión sociales. Resulta un verdadero crimen que, proporcionalmente hablando, sean las grandes mayorías, particularmente las asalariadas, las que sostengan la mayor dimensión de la carga tributaria actualmente vigente el país, misma que es de profundo sesgo regresivo. Entre otros cambios profundos, se requiere que los grupos económicos (en especial los del sector financiero privado), ganadores del crecimiento económico y que han venido controlando la política en los últimos gobiernos, empiecen a devolver algo de las enormes fortunas acumuladas y de las grandes rentas que obscena y lujuriosamente ostentan. Lo que ha venido sucediendo en las últimas administraciones con el control de la política económica en manos del “cártel de los banqueros privados”, indica cuál es la envergadura de este primer desafío. Por otra parte, muchos, pero muchos puestos laborales del sector Público, la política salarial en el mismo, así como la preservación de importantes programas sociales, dependen de tal transformación tributaria estructural.
2- Un nuevo salario mínimo con pleno respeto.
Siempre fue un grito al cielo desde las gargantas sindicales. Hoy tiene “carta de ciudadanía” y la legitimidad del dato es más que oficial: a una de cada tres personas asalariadas, no se le paga el salario mínimo de ley. Sobreexplotación criminal de la fuerza de trabajo que refleja, con absoluta claridad, la naturaleza del proceso de concentración de riqueza que se manifiesta en el país en la actualidad. Una pequeña luz nos queda en este largo túnel oscuro de la desigualdad y de la exclusión sociales: una propuesta sindical planteada desde nuestras organizaciones, fue aceptada en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), para que luego de una década de vigencia, exista otra fórmula de cálculo del salario mínimo, con sentido redistributivo eficaz, o, al menos, de mayor dignidad.
3- Fortalecimiento de la inspección de trabajo.
Aunque esa nueva fórmula pudiera estar lista para la primera fijación salarial del 2010 (y ya con nuevo gobierno instalado en el Poder Ejecutivo), mantener el debilitamiento de la labor de inspección laboral a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en nada ayudará a aliviar la mencionada situación de sobreexplotación salarial indicada. He aquí un punto de estratégica reivindicación laboral que muestra la profundidad que tiene este segundo desafío: Se necesita de una agresiva política pública de la labor de inspección de trabajo y, por ende, es preciso fortalecer no solamente en este delicado ámbito, sino en otros conexos, el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
4- Recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos.
La capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial y cuando ésta es de carácter restrictivo profundiza –entre otros factores negativos-, la contracción del mercado interno, el cual es altamente necesario para superar, con fuerza y solidez, la denominada “crisis”. Hay que ajustar los salarios a la variación de los precios de los artículos y de los servicios de una canasta básica de consumo basada en el concepto del “buen vivir”, para lo cual se requiere, por ejemplo, que los ajustes salariales dejen de responder a la inflación pasada para anticipar la inflación prevista. Así garantizaremos que el costo inflacionario se reparta de manera equitativa entre los sectores productivo y laboral.
5- Por la defensa del Código de Trabajo y contra la flexibilización laboral.
Debemos cerrarle el paso a las nefastas propuestas de la cúpula empresarial neoliberal para revertir, vía legislación, trascendentales conquistas históricas de la clase trabajadora costarricense que todavía están vigentes, según están comprendidas en nuestro Código de Trabajo. Es antiético e inmoral invocar el asunto de la “crisis” para involucionar el Derecho Laboral costarricense, sacrificando a quienes no tienen la menor responsabilidad por la imposición de un modelo económico generador de tal “crisis” y que es anticristiano y deshumanizado.
6- Un sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente.
Frente a las iniciativas que proponen la disminución de costos de producción vía disminución de derechos laborales, ya sea de hecho o de derecho (flexibilización laboral, disminuciones de jornada y reducciones de salarios), urge una política pública agresiva para establecer un sistema de “premios y castigos”, que promueva la protección y la creación de empleo y trabajo decente; con cumplimiento de estándares fundamentales, minimizando los despidos por causas económicas y, a la vez, desincentivando la competencia desleal, laboral y ambiental. Hay que establecer un sistema de apoyo y estímulo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional y a las empresas de Economía Social, mediante una serie de transferencias condicionadas para mantener y promover el empleo y el trabajo decente.
7- Estabilidad laboral en el sector Público: límites al interinato.
La crisis financiero-económica que se mantiene en desarrollo, pese a las manipulaciones mediáticas de que, un día sí y otro también, dicen que se está “superando”, obliga a la defensa del empleo como uno de los mecanismos más eficaces para atenuar su impacto demoledor en contra de quienes son más débiles frente a esa crisis y sobre la cual no tienen la más mínima responsabilidad. En tal sentido y en el caso de la Administración Pública, urge el nombramiento en propiedad de una elevada cantidad de personas trabajadoras asalariadas mantenidas en condición de interinato por prolongados períodos de tiempo, años incluso. Esas largas permanencias son más que indicativos suficientes de idoneidad laboral efectivamente demostrada en los cargos interinos que se han venido ocupando. Esperamos que una propuesta que ya hemos formulado en tal sentido y que está en conocimiento del Ministerio de la Presidencia, se convierta en un acuerdo Gobierno-sindicatos antes de que termine la actual administración.
8- Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas.
Ante el altísimo endeudamiento y la creciente morosidad, es urgente contar con un plan de rescate financiero de las personas físicas altamente endeudadas para: a) reestructurar sus deudas; b) recuperación de su autoestima; y c) capacitación en torno al consumo responsable y a una adecuada gestión presupuestaria familiar. Adicionalmente, hay que fijar límites en las tarjetas de crédito, al menos en términos de tasa básica pasiva más un porcentaje predefinido del 10 %.
9- Libertad Sindical y compromisos internacionales pendientes.
El nuevo Gobierno, no más entrando a realizar su gestión, tendrá que dar la cara ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la tomadura de pelo y la burla política que le hizo la administración Arias Sánchez en cuanto a poner al día a Costa Rica con legislación laboral pendiente, dada la pertenencia del país a tal institución global que regula las relaciones laborales a nivel planetario. Por ejemplo, la actual fracción legislativa oficialista, por indicación expresa de la Casa Presidencial, bloqueó (empleando varias formas de filibusterismo parlamentario), la aprobación del proyecto de ley 13.475, parte esencial de esos compromisos internacionales en materia laboral reiteradamente deshonrados por parte los últimos gobiernos, incluido el actual, para el descrédito de nuestro país. Esto tiene un costo político externo bastante delicado y, además, está posibilitando el avance de nuestra denuncia al respecto, interpuesta desde mediados del 2009, en el seno del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus), de la Unión Europea (UE). Otros compromisos pendientes, como la Reforma Procesal Laboral y la aprobación de los convenios de la OIT, números 151 y 154, en materia de Negociación Colectiva, agravan la situación de rendición de cuentas internacional para el nuevo gobierno.
10- Nuevos escenarios para la Democracia de la Calle.
La nefasta senda de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad social, así como sus principales derivados: la violencia, la inseguridad y la corrupción; ameritan modificaciones estructurales para el surgimiento de políticas públicas de signo realmente distributivo. Sin embargo, tales cambios, necesarios para una revitalización de nuestra alicaída institucionalidad democrática, solamente serán posibles a través de sistemáticas y sostenidas movilizaciones ciudadanas que, bajo el concepto sociopolítico de Democracia de la Calle, generen las condiciones de fortaleza imprescindibles para abrir espacio a tales cambios. Éstos, además, se requieren para la construcción de esa nueva hegemonía política que ha de reinstaurar la búsqueda y promoción del bien común como el motivo central de toda acción gubernativa. Apostamos en tal dirección y brindaremos nuestros mayores esfuerzos por el relanzamiento del potencial democrático de la movilización ciudadana, dentro de la cual, la acción sindical es vital. Además, la unidad de todas las fuerzas sociocívicas, mediando la reconstrución de una articulación con sentido estratégico, es imperativo esencial para una democracia realmente renovada y cualitativamente transformada.
San José, domingo 3 de enero de 2010.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
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