Informe será remitido al Ministerio Público

PASE, PUSC Y PAC PRESENTAN INFORME DE CALDERA

El modelo concesionario en Costa Rica no ha logrado cumplir con las expectativas que se generaron a raíz de esto se crea por mandato legislativo la Comisión Especial Investigadora la cual analiza todos los Procesos de Concesión que ha Otorgado el Estado Costarricense, o esté por otorgar, al amparo de la Ley Nº 7762 y su Modificación parcial contenida en la Ley Nº 8643.

Una vez concluida la primera investigación, los diputados Víctor Emilio Granados Calvo del PASE y Presidente del Órgano Investigador, Walter Céspedes Salazar del PUSC, Manrique Oviedo Guzmán del PAC, presentaron este martes el Informe de Mayoría de la Concesión San José- Caldera el cual será enviado al Ministerio Público.

Entre las principales conclusiones expuestas por los diputados firmantes resaltan:

1. Que la investigación desarrollada por los legisladores ha comprobado una serie de inconsistencias, omisiones y debilidades, siendo este proyecto una obra de tanta importancia para el país y de tan alto costo para los costarricenses, no podía ser ejecutado con tanta ligereza.

2. Siendo esta una carretera contratada a un costo que supera los $360 millones, que se haya puesto en servicio plagada de fallas constructivas y de obras incompletas, tanto así, que a la fecha de la presentación de este informe todavía no se han concluido las obras faltantes y se mantiene la interrogante sobre la estabilidad de los taludes.

3. Una obra tan compleja ameritaba contar de previo con los instrumentos idóneos para ejercer una seria y amplia fiscalización de su contraparte. Esos instrumentos idóneos debían de traducirse en contar con funcionarios debidamente capacitados para poder vigilar que los intereses del país no se vieran afectados.

En el Informe los legisladores también incluyeron una serie de recomendaciones:

1. Ex ministra Karla González:

• Investigar de acuerdo con lo que establece el Código Penal, el posible delito de incumplimiento de deberes o cualquier otro delito cometido por la exministra de Obras Públicas y Transportes, Karla González.

• Abrir procedimientos administrativos contra la ex presidenta del Consejo Nacional de Concesiones Karla González quien ejerció ese cargo del 8 de mayo de 2006 al 27 de octubre de 2009.

• Que no se le nombre en ningún cargo público al menos durante 10 años, ni se le otorguen consultorías de ningún tipo por parte del Estado.

• Se recomienda al Ministerio Público Investigar si en el tema del costo financiero y la renegociación del contrato de concesión, la ex jerarca del MOPT Karla González, cometió hechos ilícitos en perjuicio del erario público, sobre todo con lo que concierne al addendum 5, en virtud de que la funcionaria no ejerció los controles necesario para la correcta fiscalización.

2. Ex ministro Marco Vargas:

• Se solicita al Ministerio Público determinar su grado de participación en la decisión apresurada de la puesta en servicio provisional de la carretera San José – Caldera.

• Además se le pide al MP investigar si el ex jerarca incurrió en el incumplimiento de deberes o cualquier otro delito al recibir en forma provisional la sección II de esta carretera en contra de lo que dispone el contrato, dándose resoluciones contra la ley.

3. Gerente de Proyecto Ada Muñoz:

• Rescindir en forma inmediata los contratos que tenga con el Consejo Nacional de Concesiones con la actual Gerente de Proyecto Ada Muñoz y abrir un procedimiento administrativo por sus decisiones en la puesta en servicio provisional de la carretera.

• No nombrarla en asuntos relacionados con concesiones ni otorgarle consultorías relacionadas con todo lo que se refiera a las concesiones otorgadas por el Estado costarricense.

• Se le solicita al Ministerio Público determinar si hubo incumplimiento de deberes u otros delitos en el actuar de la funcionaria.

4. Supervisora Cacisa – Cano:

• Por posible incumplimiento de deberes contractuales se recomienda al Estado Costarricenses determinar si procede rescindir el contrato y no renegociar el contrato de supervisión

5. Guillermo Matamoros, Ex secretario técnico de concesiones

• Se recomienda no nombrarlo en aquellas funciones que tengan relación con las concesiones que otorgue el Estado costarricense.

• Abrir procedimiento para determinar su grado de participación en la apresurada decisión de la puesta en servicio provisional de esta carretera.

6. Concesionaria Autopistas del sol

• Por solicitar una puesta en servicio provisional sin estar todas las obras terminadas se solicita al Ministerio Público analizar todo lo referente al tema del costo financiero de la obra y el Incumplimientos de obligaciones contractuales.
• Investigar si Autopistas del sol incurrió en delitos a la legislación penal y ambiental.
• Ampliar la investigación con referencia a todos los informes que enviara esta concesionaria sobre la calidad confort y seguridad de la carretera a fin de determinar si se dieron hechos falsos, y si hubo cobros irregulares de esta empresa.

7. Al Estado y al Consejo Nacional de Concesiones.

• No suscribir ningún contrato de concesión hasta tanto no haya seguridad jurídica sobre el Consejo Nacional de Concesiones

• Implementar las medidas pertinentes para el debido control de lo recaudado por la concesionaria con respecto a el cobro de los peajes

• Determinar si procede abrir procedimiento administrativo a los funcionarios responsables de conocer en los términos que dicta el ordenamiento jurídico todo lo relacionado con la imposición de multas

• Analizar todo lo referente al tema del costo financiero de la obra, con el fin de determinar si hubo delitos en esas renegociaciones en perjuicio de la hacienda pública

8. Con relación a los Puentes Bailey

• Se recomienda abrir un procedimiento administrativo a fin de determinar la responsabilidad de aquellos funcionarios del MOPT que suministraron los puentes Bailey a la concesionaria.

9. Miembros del la Comisión de puesta en servicio provisional

Ing. Orlando Villegas Centeno. (CAPS –MOPT

Ing. Junior Araya Villalobos. (CAPS -MOPT)

lng. Andrés Henao Fernández. (CAPS -CO NAVI

Ing. Manuel Serrano Beeche (CAPS-CNC)

Ing. José Pablo Sáenz R. (Autopistas del Sol S.A.)

Ing. Enrique Marijuán C. (Constructora SJ-C)

• Se recomienda abrir un procedimiento administrativo para determinar su grado de participación en la decisión de la puesta en servicio de esta carretera.

• Además se pide remitir este informe a los distintos colegios profesionales a los que pertenezcan quienes integraron esta comisión para lo que corresponda.

• Remitir el informe al Ministerio Público para que se determine si hubo incumplimiento de deberes.

10. Ex secretario técnico Luis Diego Vargas

• Remitir este caso al Ministerio Público para que se determine si hubo incumplimiento de deberes u otros delitos por haber sido omiso en su responsabilidad de vigilar que actuara con celeridad en todo lo referente a la imposición de multas y del nombramiento del órgano fiscalizador.

11. Contralora General de la República, Rocío Aguilar Montoya

• Se recomienda al Ministerio Público determinar si hubo incumplimiento de deberes u otros delitos.

• Se recomienda que al término de su gestión no se le nombre en cargos relacionados con concesiones ni se le otorguen consultorías relacionados con este tema.

• Por no ejercer supuestamente con mayor contundencia las competencias que le asigna la ley la Contralora merece el reproche político y moral de quienes firman este informe ya que ella fue omisa en su función de Contralora de la hacienda pública, máxime que conocía ampliamente este proceso de concesión porque fue Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Concesiones, sobre todo con respecto a la ausencia del órgano fiscalizador.

12. Con relación al informe de esta Comisión investigadora

• Remitirlo al Ministerio Público para que se determine e individualice las responsabilidades tanto de funcionarios y ex funcionarios, como para la empresa concesionaria Autopistas del Sol.

Excitativas y recomendaciones Generales

i. Instar al Plenario Legislativo para que la Comisión Permanente Especial de Control y Gasto Público en uso de sus competencias y atribuciones retome este tema de gran trascendencia, para que pueda ampliar, analizar, revisar y verificar todos los aspectos financieros de este contrato, las addenda, y el convenio complementario, que modificaron el contrato de concesión, convocando a quienes concurrieron con su voto y a quienes recomendaron la incorporación de estas adenda. Incluyendo, claro está a los miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones.

ii. Al Poder Ejecutivo: no suscribir ningún contrato nuevo de concesión hasta tanto no tenga la seguridad absoluta de haber fortalecido la organización del Consejo Nacional de Concesiones de manera que garantice la defensa del interés financiero para el Estado y la adecuada fiscalización y supervisión de la ejecución del contrato.

iii. Con relación a los daños ambientales que el Ministerio Público valore las actuaciones y responsabilidades penales de la regencia ambiental del concesionario, y que la SETENA inicie los trámites correspondientes a la cancelación de sus acreditaciones como regente ambiental.

iv. Que la Procuraduría haga una valoración de las fallas contractuales de esta concesión, y de los daños derivados contra los intereses del Estado, se recomienda además iniciar un proceso por lesividad a fin de corregir, o anular actos administrativos que pudieron ocasionar daños al Estado, proceso que incluya la puesta en servicio provisional, cambios en los términos financieros, ubicación de peajes, modificaciones a la distribución de riesgos del contrato en perjuicio de los intereses nacionales

v. Así mismo analizar la participación de la Contraloría General de la República en una operación financiera con el BCIE, ya que se trató de endeudamiento externo pero nunca fue presentado, como constitucionalmente se exige, a la Asamblea Legislativa y que el destino de los fondos fuera en buena parte para contratar obras con la concesionaria (Hatillo-Alajuelita), muros y otras obras por el monto de más de $ 35 millones de dólares.

vi. Esta investigación debe ser dirigida contra la ex ministra Karla González Carvajal, la Contralora General de la República señora Rocío Aguilar Montoya y el ex director del CONAVI señor Alejandro Molina Solís.